Un tema candente es la responsabilidad fiscal de las grandes empresas. Este asunto no solo concierne a los círculos empresariales y gubernamentales, sino que afecta directamente a la sociedad en su conjunto.
La carga tributaria de las grandes corporaciones, en comparación con las pequeñas y medianas empresas, ha sido objeto de debate y controversia. Es fundamental abordar este tema de manera coherente y justa, exigiendo que las grandes empresas asuman su parte proporcional en el sistema fiscal.
En el caso español las grandes empresas españolas abonan menos impuestos que las pymes, lo que supone en la práctica una flagrante brecha tributaria.
La norma establece que las empresas consideradas de reducida dimensión, las pymes, soportarán un tipo del 25% gravado sobre sus beneficios en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, existe la resistencia de las grandes empresas en pagar más impuestos cuando tienen beneficios récords.
Esta situación se ha agravado con la decisión del actual Gobierno de España de subir los impuestos en 2020, particularmente en el Impuesto de Sociedades. Esto ha tenido consecuencias significativas, como el reciente caso de Ferrovial, una empresa española de construcción con un precio en Bolsa de 18.000 millones, que decidió trasladar su sede a Países Bajos, en busca de beneficios fiscales.
Esta decisión, sin duda, ha generado un efecto llamada para otras grandes compañías que también están barajando evadir sus responsabilidades fiscales.
La resistencia de las grandes empresas a pagar impuestos afecta directamente a la sociedad. Un ejemplo claro es el caso de Repsol, que ha decidido congelar inversiones ‘verdes’ en Bilbao, Tarragona y Cartagena, según ellos debido a la política fiscal del Gobierno.
Igualmente las críticas de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, son un testimonio de este sentir. Botín ha advertido que gravar “demasiado” provoca que “la gente se quede en casa o se marcha”.
Sorprende la rapidez con que los bancos y grandes compañías del IBEX han sido de forma recurrente rescatadas por el Estado, al tiempo que han sido las principales beneficiarias de las ayudas europeas durante la pandemia en detrimento de otras pequeñas empresas que no han corrido la misma suerte y desgraciadamente quebraron.
Es importante destacar que, aunque las grandes empresas se quejan, no están sujetas a la misma presión fiscal que las pequeñas empresas y autónomos, quienes realmente están soportando una carga tributaria injusta y desproporcionada. Un autónomo que no llega al salario mínimo interprofesional debe pagar 235 euros al mes en impuestos, lo cual es considerablemente alto en comparación con otros países de Europa. Esta desigualdad en el sistema fiscal es injusta y perjudica a los sectores más vulnerables de la economía.
La desigualdad en el Impuesto de Sociedades es evidente. La presión fiscal sobre las empresas disminuye a medida que aumenta su tamaño, lo que resulta en desproporciones significativas.
Las pequeñas empresas a menudo pagan entre la quinta y la sexta parte de sus beneficios en impuestos, mientras que las grandes empresas rara vez llegan al 8% en comparación con sus ganancias declaradas. Esto se debe en gran medida a los sistemas de deducciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades, que permiten que las grandes empresas reduzcan significativamente su carga fiscal.
Cabe recordar que en el ejercicio 2022 las empresas del IBEX 35 batieron record de ingresos con 584.000 millones de euros. La cifra de negocio de las 35 empresas que componen el índice bursátil de referencia español creció casi un 19 % respecto al récord anterior de 2019, y más de un 27 % en comparación con 2021.
Durante el año 2022 las grandes cotizadas también se quedaron cerca de su récord de ganancias, al obtener de forma conjunta un beneficio neto de 56.000 millones, un 1,4 % por debajo de los 56.800 millones ganados por las mismas compañías hace un año.
Es hora de que las grandes empresas entren en razón y asuman su responsabilidad fiscal.
No se trata de penalizar el éxito o el crecimiento empresarial, sino de garantizar que todas las empresas contribuyan de manera justa al desarrollo del país en el que operan.
En un momento en el que las empresas del IBEX 35 baten récords de ingresos, es esencial que estas compañías líderes demuestren que están dispuestas a estar a la altura del país que les ha brindado oportunidades y un entorno propicio para su crecimiento.
Desde hace tiempo, Bruselas ha propuesto un marco común para el impuesto de sociedades en Europa, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y reducir la burocracia.
La armonización tributaria a nivel europeo es una necesidad que no puede esperar. Este acuerdo incluso debería extenderse a nivel global, de modo que ninguna empresa pueda refugiarse de forma usurera en paraísos fiscales.
La sociedad espera que estas corporaciones líderes no solo estén presentes en los momentos de bonanza económica, sino que también asuman su parte justa en las dificultades.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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