sábado, 02 diciembre 2023

Atender a las personas en peligro en el mar es imperativo humanitario. JUAN MATÍAS GIL

La hipocresía de la vieja Europa.
Ante la tragedia del último naufragio frente a Grecia, es necesario recordar que la UE no cumple con su obligación humanitaria en el mar, e incluso algunos países tienen una actitud hostil hacia las ONG que tratan de ayudar.

La avalancha de condolencias de los líderes europeos tras el naufragio de un pesquero procedente de Libia frente a Grecia el pasado miércoles es una buena muestra de hipocresía si tenemos en cuenta las políticas migratorias de la UE.

Los 82 muertos y los cientos de desaparecidos en el mar —la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que viajaban más de 700 personas en la embarcación entre hombres, mujeres y menores— podrían haberse evitado si la vieja e ilustrada Europa ofreciera precisamente lo que sus políticas niegan: vías seguras para aquellos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que huyen del hambre, de la pobreza y de la violencia.

El año pasado murieron 1.417 personas en el Mediterráneo central, según la OIM. Y sólo en el primer semestre de 2023 son ya 1.166. Entre ellas, al menos 90 en el naufragio de Cutro, al sur de Italia, en febrero. Cifras que convierten al Mediterráneo en una de las fronteras más mortíferas del mundo.

Desde el fin de la operación Mare Nostrum en 2014, no hay un sistema liderado por la UE de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Estas misiones han virado a meros operativos de contención de la migración y de protección y externalización de fronteras. En el caso del Mediterráneo central, a manos de la infame Guardia Costera Libia. Sabemos de lo que hablamos. Lo vemos cada día en el mar. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido testigo de tres intercepciones de embarcaciones por parte de los guardacostas libios en aguas internacionales. En una de ellas, una de las patrulleras amenazó con abrir fuego contra nuestra tripulación si el Geo Barents, el buque de búsqueda y rescate de MSF, no abandonaba la zona.

Atender a las personas en peligro en el mar es imperativo humanitario. No hay lugar al debate. Pero también es obligación legal, y así lo indican las convenciones internacionales.

No obstante, hemos visto que Malta se ha desentendido de sus responsabilidades de búsqueda y rescate y sigue una estricta política de no participación.

Italia coordina los operativos dentro de su propia Región de Búsqueda y Rescate. Pero obstaculiza discrecionalmente la labor de buques de ONG con mayor capacidad y tripulaciones más experimentadas respecto a otros barcos. De nuevo, sabemos de lo que hablamos. Del más de centenar de rescates realizados por el Geo Barents, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimo italiano coordinó únicamente tres de las operaciones: el 21 de agosto de 2022, el 2 de enero de 2023 y el 27 de mayo de 2023.

Frontex ignora a los barcos de las ONG y evita la mayoría de las veces alertarlos de situaciones de emergencia en el mar. Ocurre tanto en aguas de Malta como de Italia. Pero también en aguas internacionales frente a las costas de Libia, donde se da aviso solamente al Centro Libio de Coordinación de Rescates. Esto lleva a interceptaciones y retornos forzosos a Libia de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que terminan en centros de detención donde se ven inmersos en una espiral sin fin de violencia sistémica y toda clase de violaciones de los derechos humanos más fundamentales.

No sólo se ignora a las ONG, también se criminaliza nuestra labor. Los Estados miembros de la UE, en especial Italia y Malta, han mantenido una actitud hostil hacia las organizaciones que intentan cubrir la ausencia de un mecanismo de rescate europeo.

Prueba de ello, es el conocido como decreto Piantedosi, impulsado por el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, cuyo principal objetivo es obstaculizar el trabajo de las ONG en el mar con sanciones exageradas, la prohibición de realizar más de un rescate por travesía y con normas como desembarcar en puertos cada vez más lejanos del norte de Italia, a varios días de navegación. El año pasado, antes de la aplicación de este decreto convertido ya en ley, rescatábamos una media de casi 300 personas en cada misión. En 2023, un 40% menos.

MSF hace un llamamiento a los estados miembros de la UE, a los países costeros en particular —entre los que se encuentra España, que asume la presidencia del Consejo de la UE en julio— para que cumplan con su obligación de coordinar y realizar rescates en el mar, y establezcan un mecanismo de búsqueda y rescate europeo, proactivo, estatal y con un mandato explícito de salvar vidas.

La UE debe poner fin a las políticas de disuasión y cesar de inmediato la cooperación, la formación y cualquier apoyo de las agencias y activos financiados por la UE a los guardacostas libios u otros actores que den lugar a devoluciones forzosas, violencia, muerte o violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

De no cambiar radicalmente el enfoque de estas políticas migratorias, seguiremos lamentando muertes prevenibles en el mar e indignándonos con la hipocresía política de la UE en contradicción con sus valores fundacionales.

JUAN MATÍAS GIL
Responsable de Operaciones de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo central.
Publicado en: EL PAÍS
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