Hace apenas unos días la Corte Penal Internacional de la Haya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso por crímenes de guerra en Ucrania. Dicha orden contra Vladimir Putin por supervisar el secuestro de niños ucranianos, lo que le da a Rusia otro paso significativo en el camino para convertirse en un estado paria.
Al acceder a la solicitud de órdenes de arresto del fiscal de la CPI, un panel de jueces acordó que había “motivos razonables” para creer que Putin y su comisionada de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, eran responsables de la “deportación ilegal” de niños ucranianos.
Las órdenes son las primeras emitidas por la CPI por crímenes cometidos en la guerra de Ucrania, y es una de las raras ocasiones en que el tribunal ha emitido una orden para un jefe de estado en funciones, poniendo a Putin en compañía del líder libio Muammar Gaddafi y el presidente sudanés Omar al-Bashir.
Todavía no está claro cuántos niños han sido sacados de Ucrania por las fuerzas rusas. El mes pasado, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale publicó un informe en el que se afirma que al menos 6.000 niños de Ucrania habían sido enviados a campos de “reeducación” rusos el año pasado.
Estos delitos se han conocido gracias a la investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la UER, formado por medios públicos, entre los que se encuentra RTVE.
Desde el diario Público infirman que la presidenta de la asociación, Pilar Requena, ha celebrado que sus informaciones, publicadas el 14 de febrero, hayan tenido impacto.
Desde octubre, esta asociación de periodistas lleva indagando la deportación forzosa y sistemática de niños a Rusia. Durante uno de sus talleres, en el que invitaron a profesionales ucranianos, estos mostraron vídeos de cómo subían a menores ucranianos en trenes. Esto dio pie a la investigación y descubrieron docenas de vídeos por redes sociales que atestiguaban los traslados.
En esos vídeos, explica Requena a Público, se puede observar cómo muchos de estos infantes eran recibidos por María Lvova-Belova y por el gobernador de Moscú, Andrey Vorobyov. “Uno de los objetivos era comprobar a dónde iban esos menores, si eran adoptados o tutelados”, ha señalado la periodista.
Aunque, en principio, no se den las circunstancias adecuadas para la detención del mandatario, sí que podría producirse más adelante. En el caso de que se pusiera fin a la guerra, “la orden seguiría vigente, porque no prescribe”, cuenta a RTVE.es la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas “Las deportaciones de menores son de una gravedad extraordinaria”, añade sobre este delito, que podría conllevar hasta cadena perpetua.
Redacción
En Positivo
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