La tendencia de los indicadores básicos de salud, como la mortalidad general e infantil o la esperanza de vida, ha venido mejorando enormemente desde hace más de un siglo. Esto es posible debido a múltiples factores en la mejora de las condiciones de vida (saneamiento, higiene, educación…) y de trabajo (reducción de las jornadas de trabajo y mejoras laborales, abolición del trabajo infantil), así como a los avances en el sistema sanitario e implantación de un sistema cada vez más eficaz.
Esto se ha producido al mismo tiempo que emergía y se consolidaba el Estado de bienestar a lo largo del siglo XX, gracias a una firme apuesta en políticas sociales que alcanzase el grueso de la población – con especial atención en los colectivos más vulnerables – y que ha ido ampliando su cobertura hasta la universalidad en diversos países.
Así es como desde hace tiempo se ha afianzado la defensa de la salud pública en cada vez más países como España logrando un amplio consenso entre la población. La salud pública ahorra dinero a las comunidades, mejora la calidad de vida sin discriminación de clase, ayuda a prosperar y reducir el sufrimiento humano.
Pese a las fallas y necesidades de mejora este sistema se ha demostrado más compatible en la defensa de la salud frente a otros modelos como el estadounidense que deja a miles de personas en la estacada y sin posibilidades de tratamiento por razones económicas.
Cuando la salud – que es lo más sagrado del ser humano – no debería venderse a intereses espurios, vemos como casos flagrantes en la sanidad privada en Estados Unidos ha sacado tajada durante la pandemia. Concretamente el grupo United Health, la primera compañía de seguros médicos del país, obtuvo unos beneficios de 164 millones de dólares en el primer trimestre del inicio de la pandemia.
Esta semana se ha producido una gran movilización en Madrid para defender la sanidad pública. Al menos 200.000 personas marcharon en la capital española para oponerse a la política de privatizaciones sanitarias liderada por la presidenta autonómica, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.
Es un despropósito que una comunidad con alta concentración poblacional como Madrid y de su importancia esté en la cola en el porcentaje que se dedica por comunidad autónoma a los servicios primarios de Salud dentro de sus presupuestos sanitarios. Solo destina el 10,7% de su inversión sanitaria a los centros de salud y se sitúa muy por debajo de la media (14%).
Se entiende pues el enfado de la ciudadanía cuando esta política deficitaria de inversión en sanidad viene acompaña de una escalada en la reducción de impuestos en una parte de la población que ni tan siquiera lo necesita – no ya los vulnerables o la clase media -. Véase la absurda concesión de becas en educación para familias ricas.
Ha sido tal la trascendencia que hasta medios internacionales se han hecho eco de la noticia. No obstante la situación crítica de la atención primaria trasciende a prácticamente el resto de comunidades (también esta semana los médicos de Cantabria se han movilizado y mantienen en huelga) y que afecta a las condiciones de los sanitarios y la deficiencia en el servicio que los ciudadanos padecen.
De acuerdo al índice de atención médica de CEOWorld, que analiza la calidad general del sistema de atención médica, España sigue estando entre los diez mejores países del mundo en atención médica. Pero bien es cierto que los logros conseguidos hasta ahora pueden no ser eternos si se olvida de salvaguardar el sistema y mejorar de acuerdo a las nuevas exigencias.
Con una esperanza de vida cada vez más larga se multiplican las dolencias crónicas y se requieren nuevas herramientas para hacer frente a los problemas de salud entre la población. En este sentido son cada vez más las voces de expertos que piden una revisión del sistema desde una visión más integral para potenciar la prevención y mantenimiento entre la población adulta. Algo que un primer momento requiere una mayor inversión pero a la larga se amortiza cuando los ciudadanos se mantienen más saludables durante más tiempo.
La sanidad pública es irrenunciable, pilar fundamental en el Estado de Bienestar y en el caso de España se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad.
En un contexto que más se necesita, las instituciones deben blindar y potenciar los servicios también como garantía para las próximas generaciones. Existen otras partidas mucho más prescindibles como el presupuesto destinado a defensa (y que viene incrementándose) o las prebendas al sistema político del cual se enriquecen enormemente unos cuantos.
En la marcha por la sanidad en Madrid encabezaba el cartel “La sanidad no se vende, se defiende”. Estaremos todos de acuerdo que cuando la vida se va en ello, con algo tan importante no se juega.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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