Cada vez más voces de distinto signo ideológico denuncian las abusivas ganancias de determinadas empresas multinacionales que siguen aprovechándose de medidas fiscales ventajosas aun incrementando sus beneficios exponencialmente en un momento de crisis.
El año pasado, más de 130 países acordaron una tasa impositiva corporativa mínima global del quince por ciento. El acuerdo histórico podría mejorar la tributación corporativa internacional al ayudar a los países a prevenir la elusión y la evasión de impuestos corporativos.
Sin embargo, desde entonces, los países han enfrentado importantes dificultades para promulgar el impuesto. La complejidad de las políticas y la presión política han llevado a que no se cumplieran los plazos y a la incertidumbre sobre cómo implementar el impuesto.
No obstante en una encrucijada como la actual condicionada por una compleja situación geopolítica y una crisis socioeconómica se necesita tomar decisiones y de forma urgente. Los gobiernos pueden retomar las políticas de austeridad afectando a los servicios públicos y aumento de la contribución a clases medias y ajas vía impuestos de consumo o atreverse a gravar a las multinacionales y los superricos que siguen beneficiándose de la crisis.
Reformar el sistema internacional de impuestos corporativos siempre iba a ser un proceso complicado. La política y la inercia política han mantenido el aparato actual en su lugar durante casi un siglo. Después de décadas de statu quo, los gobiernos y las empresas están analizando los detalles finales de diseño y administración de impuestos.
Sólo en España la pandemia ha disparado el número de superricos: 724 declaran un patrimonio de más de 30 millones, lo cual se trata de la cifra más elevada de la serie desde 2008.
Tal y como analizan desde ATTAC la Independent Commission for Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) hace un llamado a los gobiernos para que apliquen medidas fiscales de emergencia.
Especialmente a las empresas que se están beneficiando exponencialmente de esta crisis, con el fin de evitar una recesión económica aún más profunda y luchar contra la desigualdad, el hambre en el mundo y la pobreza extrema.
La ICRICT solicita/recomienda a todos los gobiernos que apliquen rápidamente una serie de respuestas fiscales para protegerse del impacto de la inflación y ayudar a construir un futuro fiscal más justo:
- Como respuesta de emergencia, gravar los beneficios excepcionales de las empresas que se están beneficiando de la crisis y la pandemia, incluyendo, pero sin limitarse, al sector energético.
- En muchos países, los precios suben mucho más rápido que los costes. Los gobiernos deberían imponer una sobretasa a las empresas que suban los precios muy por encima de sus costes: un sistema de incentivos basado en el mercado para luchar contra la inflación.
- Gravar a las empresas oligopólicas por sus excesivas tasas de rendimiento, apuntando a las rentas económicas –el exceso de rendimiento sobre el mínimo exigido por los inversores– donde quiera que se presenten.
Informan que un impuesto mínimo global es más necesario que nunca. Cae recordar que la evasión fiscal de las multinacionales cuesta a los países entre 240.000 y 600.000 millones de dólares al año. Dado que casi el 40% de sus beneficios internacionales se contabilizan en paraísos fiscales, también parece imprescindible una reasignación más justa de los “derechos fiscales”, basada en las actividades reales, incluidas las ventas.
Se trata de un cambio de paradigma para equilibrar mínimamente la balanza en un momento en que el incremento de las desigualdades puede hacer luego una resolución más difícil.
Redacción
En Positivo
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