Cuando se trata de defender el medioambiente las intenciones y buenas palabras son importantes, pero lo que en realidad hace la diferencia son los hechos.
Frente a la creciente conciencia medioambiental el poder legislativo debe atender las demandas que conciernen a su protección, más cuando en algunos casos las penas por destrucción medioambiental han sido menores.
En verano del pasado año un panel de 12 abogados de todo el mundo propuso una definición legal para un nuevo delito que los abogados quieren que se prohíba internacionalmente: ecocidio o destrucción generalizada del medio ambiente.
La presentación de la definición fue el primer paso importante en una campaña mundial destinada a prevenir catástrofes ambientales como el derrame de petróleo de Deepwater Horizon, la deforestación de la selva amazónica, incendios provocados como hemos visto este verano, y en términos más generales, el cambio climático.
La Fundación Stop Ecocide, con sede en los Países Bajos, junto con una coalición de ambientalistas, abogados y defensores de los derechos humanos, ha estado presionando desde 2017 para convertir el ecocidio en un delito procesado por la Corte Penal Internacional.
En su definición a los efectos del Estatuto, “ecocidio” “significa actos ilegales o desenfrenados cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que dichos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente”.
Lo que incluye que sea:
“Lascivo” significa con desprecio temerario por daños que serían claramente excesivos en relación con los beneficios sociales y económicos previstos;
“Severo” significa daño que involucra cambios adversos muy serios, alteración o daño a cualquier elemento del medio ambiente, incluyendo impactos graves en la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos;
“Generalizado” significa daño que se extiende más allá de un área geográfica limitada, cruza los límites estatales o lo sufre todo un ecosistema o especie o una gran cantidad de seres humanos;
“A Largo plazo” significa daño que es irreversible o que no puede repararse a través de la recuperación natural dentro de un período de tiempo razonable;
“Medio ambiente” significa la tierra, su biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera, así como el espacio exterior.
Ahora se está llevando a cabo nuevas acciones para que el ecocidio sea reconocido como el quinto crimen internacional. Los cuatro delitos existentes de la Corte Penal Internacional se centran en el daño a los humanos, no al planeta.
Julia Jackson, defensora de US Stop Ecocide, y sus compatriotras de organización, pasaron la última semana en la ciudad de Nueva York, reuniéndose con dignatarios que participan en los eventos de la Semana del Clima, así como con la Asamblea General de las Naciones Unidas. También marcharon desde Foley Square hasta Battery Park en Manhattan en una de las 450 manifestaciones de huelga planificadas en todo el mundo el 23 de septiembre como parte del movimiento Fridays for Future, que exige justicia y reparaciones climáticas.
Entre otras cosas, instaron a los votantes a votar en las próximas elecciones intermedias de EE. UU a favor de los candidatos que están en contra de cosas como la deforestación y quieren limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son algunos de los factores que contribuyen al calentamiento global y sus efectos: a más largo plazo como son los incendios forestales duraderos, huracanes más potentes y erosión costera.
Sin embargo, lo que encabezaba la lista de demandas del grupo era que los países de todo el mundo reconocieran el ecocidio como un delito contra la paz, con multas e incluso penas de prisión, a través de la corte penal internacional de la ONU.
Cabe recordar que Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, eliminó los programas de protección ambiental destinados a proteger la Amazonía, que absorbe gases de efecto invernadero y es una importante línea de defensa contra el calentamiento global. También ha buscado abrir las reservas indígenas, junto con otras tierras protegidas, a empresas comerciales mineras y agrícolas, lo que exacerba las emisiones nocivas.
“No es talar un árbol” lo que el ecocidio intentaría criminalizar, dijo Jackson para el diario The Guardian “Es una severa destrucción masiva de la tierra”.
Hay obstáculos, incluidos los de procedimiento, que el movimiento debe superar. Dos tercios de los países que reconocen la corte penal internacional de la ONU tendrían que aprobar la adición del ecocidio como delito.
Eso se traduce en un total de más de 80 países cuya aprobación se requiere, e incluso entonces las naciones que se oponen a ratificarlo podrían limitar su aplicación sobre sus territorios y ciudadanos.
No obstante, Jackson estima que alrededor de dos docenas de países en este momento han expresado un interés registrado en el concepto de clasificar el ecocidio como un crimen internacional, incluidos el Reino Unido, España, Islandia, Francia, México y Chile.
Igualmente se espera que el impulso del movimiento siga aumentando como lo ha hecho hasta ahora en poco más de un año.
“La ley de ecocidio es una solución poderosa para proteger la naturaleza, el clima y nuestro futuro al tiempo que proporciona un marco legal guía para un cambio positivo”, expresó el director ejecutivo del movimiento global Stop Ecocide, Jojo Mehta.
Redacción
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