Decía en estas últimas semanas el secretario general de la ONU, António Guterres, que los beneficios de las energéticas y petroleras son del todo “inmorales”, al tiempo que instaba a gravarles con más impuestos a estos negocios e invertir lo recaudado en apoyar a las familias más vulnerables.
Sus declaraciones aunque muy relevantes, son un lamento en el desierto cuando apenas han tenido trascendencia mediática y los responsables institucionales que pueden poner coto a estos abusos parece que no se enteran ni se atreven.
No le falta razón a Guterres si miramos atentamente los beneficios récord de estos oligopolios de energía y petróleo. Las energéticas obtienen beneficios históricos en el primer semestre por la subida de precios, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania.
Mientras que las grandes petroleras han visto su mejor año en cuanto a beneficios, y eso que aún no ha terminado 2022. En líneas generales, las grandes compañías como ExxonMobil o Chevron han triplicado sus ingresos, mientras que otras como Shell, BP o Repsol han duplicado sus ganancias respecto al mismo periodo en 2021.
Las dos primeras han ganado 17.900 y 11.600 millones de dólares respectivamente. Cifras astronómicas que no casan con la idea de la crisis económica y la inflación, evidentemente.
Las nuevas crisis muestran la cara más dura del capitalismo salvaje y en especial del nuevo, que conserva las reminiscencias abusivas del viejo pero rizando el rizo en el aumento de las desigualdades.
Los viejos vicios y los nuevos adquiridos, con más delito si consideramos la experiencia cercana de crisis económicas que debiera haber servido para enmendar los errores pasados.
Porque no nos engañemos; este tipo de capitalismo explotador es altamente rentable para una élite financiera cada vez más reducida que es propietaria de estos oligopolios, mientras se ensancha la base de población a quien se grava con todo tipo de impuestos y que a fin de cuentas paga los platos rotos de las guerras, de la crisis energética, de la climática…y que esa élite promueve para su provecho.
Resulta muy fácil para los representantes gubernamentales ir por el eslabón más débil y no pedir responsabilidades a los “peces gordos” que pueden con su poder y presiones mover gobiernos.
Bastaría con empezar con una regulación para que todos jugáramos con las mismas reglas. Hay numerosos informes que certifican como las empresas energéticas y petroleras siguen haciendo uso de los paraísos fiscales para su ahorro tributario y de costes ambientales.
Por ejemplo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó el caso Mauritius Leaks que sigue paso a paso la actividad económica del petrolero Coastal Energy Resolution de Cepsa en sus últimos años. El final de la vida útil del buque está trufado de operaciones gestionadas desde el mundo ‘offshore’ para eludir el pago de impuestos.
Mientras que al ciudadano de a pie se le dice que “hacienda somos todos” los oligopolios siguen expoliando a sus clientes y además evadiendo impuestos con el beneplácito de las instrucciones.
Cabe recordar que desde 2013 – que ya ha llovido – la OCDE lleva planteando una serie de reformas que pasan por el intercambio automático de información entre autoridades fiscales o la exigencia de que las multinacionales presenten informes país por país sobre el lugar en el que operan. Sin embargo, según datos de la ICRICT, el 40% de los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales de todo el mundo se transfieren, artificialmente, a paraísos fiscales.
Sólo hace falta imaginar si ese 40 % no se evadiera y se obligara a tributar en los países de origen como muchos de los problemas que tenemos hoy tendrían una solución más sencilla.
Se necesitan gobernantes valientes para demandar lo que es legítimo. Es cuestión de corresponsabilidad económica pero también de valores éticos cuando más que nunca necesitamos una sensibilidad social por los muchos que lo pasan mal.
Sólo en España el 70% de ciudadanos apoya un nuevo impuesto a las grandes fortunas (incluye energéticas y banca) que avala también la mayoría de votantes conservadores.
La ciudadanía está más que preparada y ahora es el turno de los gobernantes e instituciones para tomar las decisiones pertinentes. De lo contrario puede expandirse un movimiento de desobediencia civil en muchos países.
Ya en Reino Unido por falta de recursos o para denunciar la injusticia se ha puesto en marcha la campaña “No pagues” con más de 107.000 personas cancelando sus débitos automáticos para protestar contra la subida de los precios de la energía.
Más allá del capitalismo hay alternativas desde la economía solidaria como una forma de producción, consumo, y distribución de riqueza, centrada en la revalorización del ser humano, ante la necesidad de ser tratado como tal y no una mera cosa de explotación.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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