La corrupción suele ser una de las preocupaciones recurrente de la ciudadanía cuando se hacen estudios sociológicos. En algunos casos está problemática se ha diluido frente a otras como el desempleo o la economía pero sigue estando presente y tiene una mayor o menor incidencia según el país.
Hay una parte de la gente que ya se ha resignado e incluso naturalizado la corrupción como uno de los males más existentes entre nuestras instituciones. Los hay incluso alienados que dicen que prefieren que roben los suyos (en referencia a su afinidad ideológica). Pero por suerte aún existe una masa crítica e indignada frente a la sucesión de casos de corrupción.
La cuestión no es sólo la magnitud mediática, el bochorno en que trascienden por los delitos relacionados con la corrupción que protagonizan los representantes políticos. Lo más grave de la corrupción es el perjuicio que ocasiona en los estándares democráticos y el coste que supone en los bolsillos de la gente de a pie.
Hace pocos años Naciones Unidas cuantificó los costos anuales de la corrupción internacional que ascendían a la asombrosa cifra de 3,6 mil millones de dólares en forma de sobornos y dinero robado,
Además la ONU hace hincapié en que la corrupción como “uno de los mayores impedimentos” para lograr sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, que incluyen la eliminación de la pobreza y el hambre, así como una mejor educación, bienestar e infraestructura.
La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental.
Exponer la corrupción y hacer que los corruptos rindan cuentas solo puede suceder si entendemos cómo funciona la corrupción y los sistemas que la permiten.
Por eso es tan importante que los medios de comunicación y organismos del periodismo no se plieguen al corporativismo y sigan denunciando estas prácticas. Es el caso representativo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que ha destapado casos tan importantes como los Papeles de Panamá y Pandora Papers, entre otros.
Recientemente dos organizaciones Americas Society/Council of the Americas –un foro precisamente dedicado al análisis de los asuntos políticos, sociales, culturales y económicos de América Latina– y la firma Control Risks –empresa global de consultoría–han publicado un informe bajo el título “Índice de capacidad para combatir la corrupción” que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción en los países latinoamericanos.
En el informe de este año revelan respecto al panorama latinoamericano. «Algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto».
De acuerdo a sus resultados Venezuela permaneció́ como último de la fila en una tendencia que se extiende estos años debido al caos ocasionado por el régimen de Maduro.
Respecto a Brasil y México que han sido los más mermados en el índice contra la corrupción del 2022. Para Brasil no es algo nuevo: ha venido en baja constante desde el 2019. Su puntuación actual es de 4.76 (lo que lo ubicó en el puesto décimo tras haber ocupado el sexto). La menor calificación brasileña se vio en la categoría que cubre las variables de democracia e instituciones políticas, algo que también se ha visto afectado por del descontrol y negligencia del gobierno Jair Bolsonaro.
«El Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Electoral siguen siendo independientes del gobierno a pesar de la escalada de críticas públicas que el presidente Jair Bolsonaro ha hecho de ellos. Sin embargo, la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción cayó casi un 19%, ya que Bolsonaro ha buscado consolidar el control sobre los organismos que investigan la presunta corrupción que involucra a sus aliados», defiende el informe.
México, por su parte, se ubicó́ en el puesto 12, con una puntuación de 4.05. En todas las categorías analizadas, este país presentó un descenso. Pero hay una que resalta sobre las demás: la que mide la democracia y las instituciones políticas. En ese parámetro, señala el informe, este país tuvo un retroceso notorio relacionado con procesos legislativos y de gobierno.
En lado más positivo Uruguay se vuelve a encumbrar (ya van tres años consecutivos) como el país latinoamericano que más lucha por erradicar la corrupción. Esto es gracias a que «Uruguay tiene instituciones confiables e independientes, y también una sociedad civil activa. Teniendo en cuenta estos factores, el hecho de que haya liderado el ranking no nos sorprende».
Esto evidencia una vez más cómo los países que consiguen escapar del populismo gozan de instituciones más sólidas y una ciudadanía más crítica y objetiva respecto a sus representantes y la lucha contra la corrupción.
En la medida que esto es así los ciudadanos consiguen que cada billete y moneda se destine a cubrir las necesidades del Estado de bienestar, que son muchas, en vez de que los políticos de turno metan la mano en el dinero del contribuyente.
JORGE DOBNER
Editor
En Positivo
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