24 horas durante los 7 días de la semana. El suministro de vacunas debería ser la máxima prioridad para inmunizar a la población cuanto antes posible.
El mundo necesita alrededor de 11 mil millones de dosis de vacuna contra el coronavirus para inmunizar al 70% de la población mundial, asumiendo dos dosis por persona. Hasta el mes pasado, se habían confirmado pedidos de 8.600 millones de dosis. Pero unos 6.000 millones de estos se destinarán a países de ingresos altos y medianos altos.
Las naciones más pobres, que representan el 80% de la población mundial, hasta ahora tienen acceso a menos de un tercio de las vacunas disponibles.
Una de las razones de este desequilibrio es que los países más ricos han podido realizar pedidos anticipados sustanciales al grupo relativamente pequeño de empresas que fabrican vacunas, la mayoría de las cuales tienen obviamente su sede en países ricos.
A menos que la fabricación y el suministro se puedan distribuir de manera más uniforme, los investigadores pronostican que pasarán al menos otros dos años antes de que se vacune una proporción significativa de personas en los países de ingresos más bajos.
Es por eso que alrededor de 100 países están pidiendo a los miembros de la Organización Mundial del Comercio que acuerden un levantamiento por tiempo limitado de los derechos de propiedad intelectual (PI) relacionados con COVID-19.
Los principales proveedores de vacunas, argumentan, deberían compartir sus conocimientos para que más países puedan comenzar a producir vacunas para sus propias poblaciones y para las naciones de ingresos más bajos.
Esta terrible pandemia ya se ha cobrado la vida de casi 2.900.000 muertes en todo el mundo. Queda muy claro que la situación que vivimos es excepcional y puede equipararse a un “estado de guerra” y es por eso que necesitamos medidas excepcionales para dar respuesta.
Es cuanto menos poco ético que la disposición de las vacunas, incluso como un bien público por este estado excepcional, ha devenido en una competencia entre empresas farmacéuticas.
Son cada vez más voces de sanitarios que reclaman un cambio en el sistema de producción y comercialización de los fármacos para que lleguen a todos los que lo necesitan. La gravedad de la situación obliga o bien la suspensión temporal de patentes para tratar o prevenir la covid, o bien habilitar una tercera vía entre la independencia total de los laboratorios y la inseguridad jurídica, habilitando fórmulas de compensación.
No en vano los demócratas en el Congreso de los EE.UU están presionando en este camino al presidente Joe Biden para que debilite las protecciones de la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19.
Esta idea debe considerarse seriamente y de forma inmediata porque una exención temporal de propiedad intelectual podría contribuir a acelerar el fin de la pandemia.
También enviarían un poderoso mensaje de los países más ricos y las compañías farmacéuticas de que están dispuestos a renunciar a algunas ganancias por un bien mayor.
La campaña para una exención temporal de propiedad intelectual se llama la Vacuna Popular y está respaldada por organizaciones no gubernamentales, así como por la agencia de las Naciones Unidas contra el VIH / SIDA, ONUSIDA.
Sus defensores señalan que muchas empresas ya se han beneficiado de miles de millones de dólares en financiación pública, tanto a través de la investigación y el desarrollo como de acuerdos de compra anticipada. Y que una vez que termine la pandemia, se restablecerán las protecciones de la propiedad intelectual.
En un contexto como el actual no se debería dudar sobre la idoneidad de disponer todos los recursos en aras de la salud como bien esencial y no estar sometidos al poder económico del sector farmacéutico y de los lobbies económicos.
Por supuesto los responsables políticos tienen una enorme responsabilidad, no para hacer su guerra particular por países sino para realizar una convención internacional sobre este tema y así llegar a unas soluciones comunes, también en la liberalización de estas patentes.
Jorge Dobner
Editor
En Positivo
