martes, 06 diciembre 2022

Paraísos tóxicos. Jorge Dobner

De forma periódica el pequeño Principado de Andorra, en la frontera entre España y Francia, vuelve a la actualidad por los escándalos financieros que le dieron fama de paraíso fiscal y cuya etiqueta le cuesta desquitarse.

Este pequeño país abrigado por las rocosas montañas de los Pirineos y de historia poco conocida, más allá de la trascendencia económica, sirvió de refugió en la guerra civil española para afines del bando republicano pero también fascistas y gente próxima al régimen de Franco.

En Andorra se elaboraban listas de enemigos anarquistas o fascistas y también fue escenario de tiroteos de los dos bandos. Para no convertirse más en lugar de contienda durante la Segunda Guerra Mundial preservó su neutralidad.

Estas semanas Andorra está en boca de todos por el traslado de youtubers españoles a estas tierras y el beneficio de pagar menos impuestos. En España los impuestos varían en función de la riqueza y que puede llegar al tributo de hasta el 47% de los ingresos si se cobran más de 300.000€ al año, mientras que en Andorra el máximo es el 10% y puede reducirse sustancialmente según el tipo de firma, hasta el 2%.

Faltaría más que cualquier persona tiene libre movimiento para vivir donde le plazca, pero no deja de resultar ventajista y poco ético que estos influencers una vez acrecentada su fama y riqueza en los países de origen aprovechen la mínima posibilidad para deslocalizarse.

Aun siendo más rico y con algunas polémicas infundadas o no, Amancio Ortega, fundador de Inditex y primer accionista de la compañía con un 59% del capital, cumple con sus obligaciones con Hacienda en España. La sede central paga en España casi tantos impuestos como en el resto de Europa. Después de España, donde más tributa es en Holanda.

Para desgracia del contribuyente medio que soporta la mayoría de los tributos, no son pocos los escándalos que han salpicado al sector bancario de Andorra a modo de competencia desleal con sus países colindantes, España y Francia.

Entre ellos, la acusación por parte del Tesoro de EE.UU. contra la entidad Banca Privada D’Andorra (BPA) en 2015 por presunta captación de fondos del crimen organizado y su participación en operaciones de lavado de dinero. Banca Privada D’Andorra (BPA) fue intervenida por el gobierno tras un escándalo de corrupción. La crisis provocó que las autoridades del Principado de Andorra intervinieran la entidad.

Pero son muchos más casos de un largo historial cuando durante demasiados años el secreto bancario atrajo los depósitos de grandes fortunas. El clan Pujol (ex presidente de la Generalidad de Cataluña durante muchos años) ha sido un leitmotiv de estas fortunas offshore, pero son muchos más en aprovecharse de forma más o menos legal del ‘paraíso andorrano’ desde deportistas como Arantxa Sánchez-Vicario o grandes fortunas como la de Tita Cervera aunque los casos más escandalosos sean las de las grandes corporaciones y multinacionales que no tributan lo que deberían en los países donde operan.

En su vértice inferior tampoco hay que olvidar el papel que desempeña Gibraltar como paraíso fiscal inexpugnable y el hecho de mantener el estatus después del Brexit.

Retomando el caso de Andorra, en 2018 fue eliminado de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Hasta ese entonces, se consideraba que el país tenía un “régimen fiscal pernicioso” por su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades. Pero a todos sus efectos se sigue comprobando que Andorra puede considerarse un paraíso.

Cuando más que nunca los países son golpeados por la pandemia, sus efectos no solo sanitarios sino también socio económicos, es una injusticia como algunos se mantienen al margen de las penurias y demuestran tan poca solidaridad.

En estos momentos precisamente se necesitan los recursos para combatir la desigualdad y el resto de calamidades. Cabe recordar que en el caso de España el 70 % aprox. de los presupuestos, con independencia del gobierno en cada momento, se destinan a sanidad y educación.

Hace más o menos un año la Comisión Europea anunció a bombo y platillo una ofensiva legal contra el régimen fiscal de países europeos con bajas tasas impositivas para empresas.

En su día se dijo que el ejecutivo comunitario estaba explorando formas de activar las fórmulas de los tratados que todavía no se han utilizado, para reducir las ventajas fiscales que ofrecen Estados como Irlanda, Malta, Holanda o el caso de Gibraltar a las multinacionales. Pero lo cierto es que las medidas tardan en llegar y deben ser contundentes.

El enésimo intento del Ejecutivo comunitario de poner fin a estas prácticas es con el artículo 116 del Tratado de funcionamiento de la UE, el cual permite a la Comisión identificar las prácticas fiscales que provocan una competencia desleal en el mercado común.

La vía de este artículo hace que la Comisión ya no necesitará la unanimidad dentro del Consejo Europeo y sólo será necesario una mayoría cualificada. Es decir, se necesitará el apoyo de un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión.

Pero también otros organismos internacionales como la ONU y la OCDE deberían tomar cartas en el asunto con medidas y penalizaciones severas e indemnizaciones a los países que incumplan unos mínimos de responsabilidad fiscal.

Estos mal llamados paraísos, que en realidad son ‘paraísos tóxicos’ y de la desigualdad, contaminan a la gran mayoría de los países provocando grandes agujeros negros de lavado de dinero y corrupción.

Llama la atención que este tema no este más en el candelero de los gobiernos y de los ciudadanos.

Hay que tomárselo en serio…

Jorge Dobner
Editor
En Positivo

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