Fue en 2014 cuando se revelara el polémico caso de los Papeles de Luxemburgo o LuxLeaks sobre una evasión de impuestos a gran escala. En Europa, empresas como Ikea, Amazon, Fedex, Pepsi o Disney habían facturado sus ganancias libres de impuestos durante años.
Pero no ha sido el único caso de evasión financiera en los últimos tiempos. También los de Panamá, los papeles del Paraíso, el escándalo Cum-Ex, los visados de oro o los casos interminables perpetrados por bancos alemanes, británicos, daneses u holandeses demuestran la peligrosa normalización en la evasión y fraude de dinero.
Se calcula que un 40 % de los beneficios de las multinacionales están escondidos en paraísos fiscales.
El 35 % del total tiene su origen en la actividad de estas empresas en países de la UE, donde estas prácticas de evasión ascienden en conjunto a 1 billón de euros al año. Es decir el equivalente al presupuesto comunitario de siete ejercicios.
Si bien la UE ha llegado a acuerdos mínimos sobre las listas negras de paraísos fiscales y poniendo el foco en las jurisdicciones no cooperadoras (Guam, las Islas Vírgenes, los Emiratos Árabes Unidos, Belice las Islas Marshall…). Lo cierto es que su respuesta tibia le ha hecho no a incluir a otros “paraísos” como Andorra o Panamá.
Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha hecho cambiar en cierta perspectiva la laxitud legislativa, y ya hay países que se han posicionado en favor de medidas más justas.
Aunque sean motivados por el difícil contexto, los países de Dinamarca, Francia y Polonia han decretado que no darán ayuda financieras por la pandemia a empresas con sede en territorios de evasión fiscal.
De momento el resto de países de la UE no se han pronunciado con precisión sobre este asunto. Si bien las quejas de Italia contra el “dumping fiscal holandés” le predispone a sumarse al veto de ayudas a empresas con sede en paraísos fiscales.
Por el contrario están los que se pueden considerar paraísos en sí mismos y se muestran en contra de estos vetos, previsiblemente Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo y Holanda piensan de otra manera.
Los países que han dado un paso valiente marcan un cambio de las reglas en la difícil tarea de cerrar el agujero negro fiscal por el trato privilegiado e injusto que reciben los gigantes empresariales.
Si antes se hacía referencia a la ingente cantidad de 1 billón de euros que se pierden por estas prácticas defraudadoras, sorprende más si cabe por agravio comparativo la polémica que pueda suscitar implantar una renta mínima para quienes más lo necesitan en estas circunstancias.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, anunciaba esta semana la nueva prestación en España que se cobrará ya en junio. Estima que supondrá un coste anual de unos 3.000 millones de euros, muy lejos de lo que se pierde en paraísos fiscales. Igualmente Portugal e Italia parece que seguirán un camino similar en sus respectivos países.
La idea de un Ingreso Mínimo Vital es defendida por expertos economistas de corte ideológico de izquierdas, pero de un tiempo a esta parte también los liberales progresistas se han sumado a legislar complementos salariales o incluso un ingreso mínimo condicionado al contexto.
Desde el círculo de la prestigiosa ESADE se viene defendiendo una renta básica para combatir los estragos sociales de la crisis económica desencadenada por el coronavirus.
Todo parece que el debate de un consenso cada vez mayor, es si esta renta mínima se circunscribe de forma temporal a un contexto complejo como el actual o puede ser una medida de forma permanente.
Lo que está claro es que las estructuras socio-económicas se mueven y ya están promoviendo soluciones de sostén social para quienes antes, obreros, clase media y trabajadora pagó injustamente la crisis del 2008.
También será la hora de que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas tomen partido en este tema y que nosotros, los ciudadanos de a pie, tengamos claro que países y que empresas son las que rehuyen sus obligaciones con la sociedad y si merecen o no nuestra confianza como consumidores de los productos que producen.
Jorge Dobner
Editor
En Positivo
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