Brasil, nuevos argumentos de persecución política

Brasil, nuevos argumentos de persecución política

Las revelaciones de la conspiración judicial contra Lula dejan en evidencia la separación de poderes en Brasil.
En Brasil hay ya un nuevo argumento para los que creen que las condenas y la prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva son una persecución política y un ataque a la democracia. El principal enemigo del líder del Partido de los Trabajadores, Sérgio Moro –el exjuez federal que una vez eliminado Lula de la carrera electoral pasó a ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro–, ha visto su estrategia divulgada en una filtración de mensajes publicada por el diario ‘The Intercept’.

No son unos mensajes cualquiera. Son comunicaciones de Moro con los procuradores de la República que forman parte de los trabajos de investigación en la primera instancia de la Justicia Federal del estado de Paraná, donde nació la Operación Lava Jato, que impactó de golpe en casi todos los representantes políticos brasileños en 2014 y dura hasta hoy.

El principal interlocutor de Moro en los mensajes filtrados es Deltan Dallagnol, procurador del Ministerio Público Fiscal y coordinador de la operación. Esta relación está prohibida para un juez para mantener la imparcialidad de los procesos y para respetar el código ético de la profesión. “¿No es mucho tiempo ya sin ninguna operación?”, le preguntaba el juez Moro al procurador Dallagnol en uno de los mensajes, marcando el ritmo según su parecer. Y se ponía en marcha un nuevo ciclo de acusaciones e inculpados.

En sus conversaciones privadas, el juez y el procurador pactaban incluso los momentos en los que se filtraban audios bajo secreto de sumario a la prensa.

Momentos clave todos ellos, como las semanas más duras del proceso de impeachment contra la expresidenta Rousseff, o los días previos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. “La liberación de las grabaciones ha sido una acto en legítima defensa”, decía Dallagnol. “No me arrepiento de haber levantado el secreto de sumario”, respondía Moro. “Era la mejor decisión, pero la reacción no ha sido buena”. Las grabaciones eran, ni más ni menos, pinchazos telefónicos a la entonces presidenta, y una conversación con Lula da Silva.

Sin mayor trascendencia ni interés jurídico, pero que iba haciendo mella en la opinión pública mientras se decidía la destitución de la mandataria por un supuesto delito de responsabilidad fiscal, que consistía en maquillar las cuentas públicas para cuadrar un final de ejercicio.

En las conversaciones privadas filtradas por una fuente anónima a ‘The Intercept’, el procurador Dallagnol reconoce a sus compañeros de investigación no estar seguro de las pruebas contra Lula en el proceso que generó su primera condena: la reforma en un apartamento que siempre negó que fuera de su propiedad. “Dirán que estamos acusando basándonos en noticias de periódicos e indicios frágiles”, reconocía el coordinador de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil. “Este tema tiene que estar bien atado”, y añadía: “Al margen de eso, hasta ahora desconfío de la relación entre Petrobras y el enriquecimiento, y, según lo que me han contado, también desconfío de la historia del apartamento”.

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