Para recuperar el futuro debemos reivindicar el derecho a la soberanía popular

Para recuperar el futuro debemos reivindicar el derecho a la soberanía popular

La reciente operación de compra de Monsanto es un síntoma más de cómo las grandes multinacionales están reduciendo el poder de los gobiernos elegidos democráticamente. Para recuperar el futuro debemos reivindicar el derecho a la soberanía popular.

Hace pocas semanas, la multinacional farmacéutica Bayer formalizó la compra de Monsanto, la mayor productora mundial de semillas y pesticidas, por 66.000 millones de dólares. Esta operación vino precedida por la fusión de los gigantes de la industria química Dow y DuPont, por un valor de 130.000 millones de dólares, y la adquisición de la firma de semillas y pesticidas Syngenta por parte de ChemChina.

Bayer, DuPont, Dow, Monsanto, y Syngenta son cinco de las seis mayores empresas dedicadas a la producción de semillas y pesticidas. Hay indicios bien fundamentados de que estas empresas son responsables de la aparición de plantas e insectos resistentes a los pesticidas, que están provocando el empobrecimiento de pequeños agricultores, la mortalidad de las colonias de abejas (fundamentales en los procesos de polinización), la contaminación de los acuíferos, el empobrecimiento de los suelos y la pérdida de biodiversidad. Todo ello supone graves ataques al bien común, y tendrá consecuencias negativas a largo plazo.
Pero el caso de la industria química no es una excepción: hay procesos de concentración empresarial que están afectando a casi todos los sectores de la economía global. Estos días se ha confirmado que Time Warner, una de la mayores fábricas de producción de películas y programas televisivos, decide ponerse en manos del operador de móviles AT&T, una de las principales empresas que controla el acceso a Internet y a los canales de televisión de pago en EEUU, por la cantidad de 85.400 millones de dólares.

Un fenómeno que cuenta con precedentes como la compra por parte de Amazon del diario The Washington Post, y que revela también la debilidad de la industria tradicional de los medios ante el poder económico del sector financiero y del emergente sector tecnológico. En España también han sucedido casos similares, como la caída del diario de referencia durante las décadas de la transición, El País, bajo el control económico de bancos y fondos de inversión estadounidenses.
Mientras muchas grandes empresas crecen en tamaño e influencia política, estamos asistiendo a un cambio en el papel de los gobiernos nacionales, que están pasando de servir a los intereses de sus ciudadanos a favorecer los intereses particulares de las grandes corporaciones.

El poder político y militar se está poniendo al servicio de intereses particulares, favoreciendo en muchos casos la evasión de impuestos por parte de grandes empresas. Así, recientemente hemos visto como la Unión Europea sancionaba con 14.000 millones de euros las maniobras de Apple para evitar el pago de impuestos en diversos mercados europeos. Sin embargo, significativamente, la sanción no ha sido acatada por parte de Apple, sino arrogantemente rechazada por la empresa e incluso por el gobierno irlandés, donde tiene su central de operaciones para Europa, y todo parece apuntar a que nunca llegará a hacerse efectiva.
Los ciudadanos nunca han elegido ceder su soberanía a las multinacionales, y el aumento de poder de las grandes corporaciones no obedece a los intereses de la población general.

Se trata de un proceso que tiene su origen en la recolonización de los países en desarrollo, que se ha producido en las últimas décadas a través de los programas impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que empujaron a muchas ex colonias a endeudarse fuertemente para financiar programas de desarrollo. La deuda pública de estos países creció tanto que solo podían pagarla vendiendo sus recursos naturales y los frutos de su trabajo a grandes corporaciones.
Ya a principios de los 80 se hizo evidente que la mayoría de países endeudados no podrían liquidar la deuda, y la solución propuesta por el FMI y el Banco Mundial consistió en forzar a esos países a hacer fuertes recortes en sus gastos sociales, y sustituir los gastos en sanidad y educación por programas de ayudas y exenciones fiscales a los inversores internacionales. Al mismo tiempo se forzó la privatización de sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones o el agua, y se eliminaron las restricciones para la circulación de capitales, aunque no sucedió lo mismo con la circulación de las personas.

Animados por los éxitos obtenidos en sus cuentas de resultados, en la década de los 90 las grandes empresas impulsaron acuerdos internacionales como el NAFTA y creció la influencia de instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Paulatinamente, se sometió a los políticos locales y se redujo la capacidad de los gobiernos de todo el mundo para proteger y defender los intereses comunitarios si estos entraban en colisión con los intereses económicos de las multinacionales.

Un ejemplo actual es la opaca negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), un acuerdo que debería potenciar los intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos. Un objetivo encomiable, pero cuyos detalles se llevan negociando en un ambiente de secretismo desde hace años. El tratado prevé la instauración de un tribunal de arbitraje que obvie los sistemas jurídicos de cada país, y que puede resultar en la obligación de los países a otorgar indemnizaciones millonarias a las empresas que sientan que sus expectativas de beneficios han sido entorpecidas por la legislación local. Un camino peligroso que pondría por encima de los gobiernos nacionales los intereses económicos de las grandes multinacionales, y que obligaría en última instancia a los ciudadanos a indemnizar a empresas privadas por no alcanzar la rentabilidad que desearían.
Incluso en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, mientras los beneficios empresariales se disparaban una gran parte de la población trabajadora se vio atrapada en hipotecas que no podían pagar y un endeudamiento galopante que provocó graves crisis financieras de las que aún no nos hemos recuperado.

En Estados Unidos los ingresos medios medio de los hombres que trabajan a tiempo completo es menor que el de hace 42 años, y es cada vez más difícil que las personas con educación limitada consigan un trabajo a tiempo completo que pague un salario digno.De hecho, los salarios reales (ajustados a la inflación) en la parte inferior de la distribución de ingresos están más o menos donde estaban hace 60 años. Se ha vuelto cada vez más difícil encontrar empleos estables que ofrezcan salarios dignos. Por primera vez, las nuevas generaciones ya no esperan tener un estatus económico y un bienestar superior al que disfrutaron sus padres. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a desafíos medioambientales como catástrofes naturales y la contaminación del agua potable.

Ante esta constatación, surgen propuestas como la de Donald Trump, que agita los miedos de la población americana ante lo delicado de la situación económica, lo que le conecta con un público numeroso y receptivo. Pero Trump se equivoca en cuanto al diagnóstico y a la receta. La economía de Estados Unidos ha tenido un buen desempeño, en su conjunto, durante las últimas seis décadas: el PIB ha aumentado casi seis veces. Sin embargo, los frutos de ese crecimiento beneficiaron a un número relativamente pequeño de personas que se encuentran en la parte superior de la distribución de los ingresos: los de personas parecidas a Trump. Esto ocurre, en parte, gracias a los recortes masivos de impuestos que Trump, en caso de ganar, ampliaría y reforzaría.

Trump quiere echar la culpa de todos los problemas de Estados Unidos al comercio exterior y a la inmigración. Pero EE UU se habría tenido que enfrentar a la desindustrialización incluso sin un comercio más libre: el empleo mundial en la industria manufacturera ha ido disminuyendo, con aumentos de productividad superiores al crecimiento de la demanda.

El que, por su parte, los acuerdos comerciales hayan fracasado no se debe a que Estados Unidos fuera menos listo que sus socios comerciales. El motivo es que los intereses de las grandes empresas han sido los que han dado forma a la agenda de comercio exterior de Estados Unidos. Las corporaciones estadounidenses hicieron su trabajo, y fueron los republicanos quienes han bloqueado los esfuerzos por garantizar que los estadounidenses perjudicados por los acuerdos comerciales recibieran su parte de los beneficios.
Fenómenos similares están sucediendo en Europa, como ha demostrado recientemente el Brexit, una reacción inesperada cuyas consecuencias solo empezamos a atisbar. Una visión simplista que atribuye los males del Reino Unido a la inmigración y la Unión Europea, y que ha beneficiado a partidos que ofrecen respuestas populistas a problemas reales, arrastrando a esas posiciones incluso a partidos tradicionalmente europeístas.

En España estamos asistiendo también a fenómenos inquietantes en este sentido. Tras dos elecciones generales que han arrojado resultados difíciles de asumir para un sistema tradicionalmente bipartidista, vemos como el PSOE ha elegido ignorar la decisión de sus militantes de base y favorecer la investidura de Mariano Rajoy basándose en los intereses de sus élites dirigentes.

Una deriva que ha provocado una de las crisis más graves de la historia del partido político más antiguo de España, y cuyas consecuencias a medio plazo son una incógnita.
No es ajeno a esta agitación política el movimiento de los indignados y el 15-M, que aunque no obtuvo resultados prácticos de manera inmediata, sí se convirtió en un revulsivo para la irrupción de nuevas fuerzas en la escena política española.

Sin aquella movilización ciudadana no se explica la aparición de nuevos partidos como Ciudadanos, Podemos o sus confluencias, que desde planteamientos ideológicos muy distintos abogan por la regeneración de la vida política española. Una realidad atenazada por una profunda crisis económica y un sinfín de casos de corrupción que afectan a los grandes partidos tradicionales, y singularmente al partido en el gobierno durante la última legislatura, el PP.

El resultado, hasta el momento, ha sido un cambio radical en la composición el arco parlamentario. Que estos cambios redunden finalmente en una verdadera regeneración del sistema político está por ver.

Sin embargo, confirman el papel fundamental que la movilización ciudadana puede jugar en el futuro para ejercer un contrapoder efectivo ante el crecimiento del poder económico global como actor político en las sociedades democráticas.
La constatación de estos fenómenos no debe hacernos caer en el fatalismo ni el pesimismo. Paralelamente a esta distorsión de las prioridades políticas, que está teniendo graves efectos sociales y medioambientales, surge una conciencia creciente de que es necesario corregir las disfunciones del sistema de poderes global.

Es necesaria una reestructuración en profundidad de las instituciones políticas y económicas para fortalecer la democracia y subordinar los legítimos intereses empresariales al bien general.

Y para ello el empoderamiento de la ciudadanía y su participación en los procesos de toma de decisiones será crucial.

Isidre Estévez
Redacción

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