En coherencia con el actual contexto que vive Venezuela con la inauguración de una nueva Asamblea Nacional venezolana desde el exterior los ojos están puestos en este cumplimiento democrático.
Como no podía ser de otro modo, advirtiendo otras veces su denuncia, Amnistía Internacional hace un llamado para que el país recupere la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas sin discriminación alguna.
No hay que olvidar pese a la protección de los derechos recogidos por la Constitución de 1999, que en los últimos años se han deteriorado progresivamente, y las instituciones que sustentan el estado de derecho han visto gravemente mermada su independencia e imparcialidad. Por ello se insta a que la nueva Asamblea Nacional tome medidas concretas para revertir prontamente esta situación.
“Amnistía Internacional insta a los representantes del nuevo Poder Legislativo a poner nuevamente los derechos humanos al frente de la agenda política. Para ello es necesario que el nuevo Parlamento requiera con urgencia al Estado venezolano revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos formulada en septiembre de 2012, adhiriéndose nuevamente a ella y admitiendo otra vez la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” argumenta la organización.
Siguiendo esta línea también considera “indispensable” que se prioricen las decisiones en el apoyo a los derechos humanos en referencia a los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad como las personas de escasos recursos, las mujeres, las niñas y niños, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e Intersexuales (LGBTI) y los pueblos indígenas.
Una de las medidas inmediatas es garantizar la libertad incondicional de los presos de conciencia y de cualquier persona que enfrente judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.
Asimismo fundamental que el Poder Legislativo fortalezca su sistema de justicia, piedra angular de todo estado de derecho, garantizando su independencia e imparcialidad para poner fin a los altos índices de impunidad que existen en el país.
Cristina Grao Escorihuela
Redacción
Fuente original: Amnistía Internacional
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