El estado mexicano de Jalisco combatirá la desigualdad con una vanguardista ley

El estado mexicano de Jalisco combatirá la desigualdad con una vanguardista ley

Desde este año está obligado a ahorrar en su hacienda pública gracias a nueva ley antiderroche que le permitirá redirigir recursos a inversión pública productiva que combata la desigualdad.

El estado mexicano de Jalisco situado en la zona occidental del país, se encontraba rezagado en materia de austeridad y en criterios de racionalidad en el manejo de sus recursos públicos. Durante los últimos años se habían evidenciado malas prácticas en el uso de éstos, así como una gran discrecionalidad en la distribución y administración de los mismos.

Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, formulado por Transparencia Mexicana (TM), en su medición de 2010, posicionaba a Jalisco igual que el promedio nacional con un índice de 10,3 % mismo que aumentó desde las últimas calificaciones en 2007, 2005 y 2003, con 8,8, 7,2 y 6,5 %, respectivamente; lo que indicaba una escalada en la percepción de la corrupción en la entidad.

Sin embargo, la noticia positiva para este estado es que a partir de este año 2015, entró en vigor una vanguardista Ley de Austeridad y Ahorro para la entidad y sus 125 municipios, bautizada por sus promotores del partido Movimiento Ciudadano como “ley antiderroche”.

Luego de casi dos años de permanecer en la congeladora, finalmente el Congreso local de la entidad aprobó la Ley con el voto de todas las fuerzas políticas, hecho que, sin lugar a dudas es un acierto positivo para las finanzas públicas de ese estado mexicano porque ahora tendrá más recursos para inversión pública productiva que combata la desigualdad.

Según datos oficiales para 2014 Jalisco gastó, sólo por mostrar algunos datos, el 92,46 % de su presupuesto en gasto de operación (irreductible) y no ha superado en años el 7,5 % destinado a la inversión pública. De hecho, el único gasto que se incrementa año con año era el de la nómina, es decir, más burocracia. En este sentido, el presupuesto estaba sujeto a inercias y prácticas de derroche, discrecionales y a los caprichos de los funcionarios en turno.

Y ante esto Jalisco pasa una situación de rezago significativo en materia de inversión pública que no mejora la condición de vida de sus habitantes: como atraso de 20 años en infraestructura hídrica y de movilidad, déficit de 14 mil aulas tan sólo en educación básica, padece de dispersión y cobertura en sanidad, y hay más de 3 millones de jaliscienses en circunstancias de pobreza; incluso 3,6 millones de la población que viven por debajo de la línea de bienestar (con menos de 3 salarios mínimos).

Es vanguardista la ley antiderroche porque ahora Jalisco cuenta con lineamientos de austeridad, transparencia y racionalidad en el manejo de los recursos públicos para que deje de gastar en lo innecesario y superfluo y fortalezca su capacidad hacia la inversión pública.

Se establecieron límites en ciertos rubros del gasto, se definieron reglas y prácticas para el manejo de los recursos, y se endurecieron las sanciones por el derroche y gasto superfluo, a la par de que prevé incentivos para las instituciones que cumplan con esta ley.

El partido promotor de la ley pronosticó incluso un ahorro de 3 mil millones de pesos mexicanos (más de 176 millones de euros) para invertirlos directamente a inversión pública, pasando a un 11 % en este rubro del presupuesto; con lo que se podrían construir más vialidades, ductos de agua potable, equipamiento de centros de salud y abatir cerca del 50 % del rezago en infraestructura educativa con la construcción de más de 7 mil aulas.

Asimismo, dicha legislación se ocupará en erradicar los privilegios de los altos funcionarios, como son los salarios desproporcionados, los automóviles oficiales para uso personal, la gasolina, los teléfonos móviles, los seguros de gastos médicos privados, los gastos de representación y viáticos, las compras de regalos y los viajes injustificados, entre otros.

No obstante, cabe destacar que cada vez es más común que los gobiernos estatales y municipales de México exploren nuevos mecanismos institucionales tendientes a lograr la implementación de criterios de gasto eficiente mediante políticas de austeridad y ahorro, con el objetivo de contener el gasto improductivo, el derroche y desorden en el ejercicio del presupuesto público. Con lo que no sólo se busca regresarle la dignidad a la vida pública, sino evitar la bancarrota de los gobiernos y sus instituciones.

Ejemplos de esto lo podemos observar en algunas otras de las entidades federativas del país mexicano que han hecho esfuerzos para legislar o formalizar mecanismos de transparencia, como lo es el Distrito Federal, con la Ley de Austeridad y Gasto Eficiente; San Luis Potosí, con el Acuerdo Administrativo sobre las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal; Guanajuato, con los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública del Estado; Michoacán, con el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria; Chiapas, con las Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto y; Baja California, con el Programa de Ahorro en el uso de Recursos con Racionalidad y Austeridad.

Del mismo modo, existen casos exitosos en la administración pública federal que reflejan políticas de austeridad y responsabilidad presupuestal; por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Economía han implementado licitaciones electrónicas para hacer más transparentes sus procesos y para tener ahorros importantes en el pago de convocatorias en los medios impresos, así como para evitar prácticas que pudieran resultar monopólicas y acciones que pudieran presumir actos de corrupción.

Con este hecho se da fe de una nueva forma de hacer política en Jalisco, en donde se impulsan prácticas de transparencia, disciplina, austeridad y responsabilidad pública, y en donde ahora ya se castiga la ineficiencia, la corrupción y la ilegalidad.

Gina Joya
Redacción

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