Amnistía Internacional: Historia de una osadía.
Amnistía Internacional cumple 50 años. Medio siglo de lucha por los presos de conciencia y los derechos humanos desde que un abogado inglés se indignara por el injusto encarcelamiento de dos estudiantes portugueses. Una lucha que aún hoy sigue vigente
2011 es el año de la primavera árabe y del cincuentenario de la fundación de Amnistía Internacional (AI), una organización pionera en la denuncia de los abusos del poder, la tortura y la represión. En las características de la primavera árabe, hay mucho de lo sembrado en este medio siglo por AI, que desde el inicio fue calificada como “una de las grandes locuras de nuestro tiempo”.
Ha sido el origen de una discreta revolución mundial contra la impunidad, fundamentada en la defensa de los presos de conciencia y la denuncia de la tiranía.
El rigor, la discreción y la osadía de sus activistas han cimentado un sólido prestigio internacional en todas las esferas de la sociedad y del poder. Ha contado con la colaboración de artistas como Miró, Tàpies y Picasso o Bruce Springsteen, Peter Gabriel y Youssou N’Dour. Al principio, también se ganó los apelativos de subversiva o agente de Satán. Tuvo detractores de la talla del ayatolá Jomeini, Idi Amín, Sadam Husein, Pinochet o Margaret Thatcher. En 1977 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
Todo empezó con un hecho que estuvo a punto de pasar desapercibido. Dos estudiantes portugueses fueron encarcelados por haber brindado por la libertad. Esta injusticia sublevó al abogado inglés Peter Benenson, que solicitó la amnistía para ellos y otros presos de conciencia en el artículo “Los presos olvidados” (The Observer, 28/V/1961). Este fue el germen de Amnistía Internacional y, por extensión, del movimiento internacional de derechos humanos, hoy amplio y diverso. Ha sido martillo de dictadores y criminales de estado, voz de los sin voz y amparo de activistas que luchan contra la impunidad. Hoy tiene más de tres millones de miembros en 150 países. Siempre ha sido económicamente independiente de gobiernos y partidos, algo insólito en el mundo de las ong. Su gran capacidad de movilización se ha hecho evidente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, la campaña del 2003 para evitar la lapidación de las nigerianas Safiya Hussaini y Amina Lawal consiguió en internet más de diez millones de firmas.
AI ha sido decisiva en algunas de las grandes victorias de este medio siglo en el terreno de los derechos humanos. Su defensa tenaz de los presos de conciencia es su misión fundacional. Ha trabajado por la libertad de Mandela, Sajarov o Aung San Suu Kyi, por citar casos emblemáticos de los más de 50.000 que ha defendido.
Su lucha por la abolición de la pena de muerte ha logrado que hoy sea un castigo en extinción. Ha colaborado para que fueran juzgados intocables como Pinochet o Alberto Fujimori. Fue implacable con la Otan, a la que acusó de crímenes de guerra tras los bombardeos de Yugoslavia en 1999 y abogó por la creación de la Corte Penal Internacional. Ha insistido para que la ONU aprobara leyes contra la tortura, la discriminación de la mujer, la desaparición forzada y el comercio de armas.
AI en España. El periodista César Díaz, que fue durante catorce años jefe de prensa en la sección española, revela en un apéndice del libro Como agua en la piedra. La historia de Amnistía Internacional, de Jonathan Power, que España estuvo en el corazón de su fundación, a pesar de que no pudo establecerse en nuestro país hasta el fin del franquismo. Su fundador, Peter Benenson, quedó marcado por la lectura de Diálogo con la muerte. Un testamento español,de Arthur Koestler, el diario de los tres meses de 1937 en que el escritor estuvo preso en Sevilla condenado a muerte por los franquistas. Finalmente, salvó la vida al ser canjeado. Al hilo de este interés, Benenson participó en Londres en manifestaciones antifranquistas, y quedó muy impactado por el documento Hablan los presos de Franco, una recopilación de testimonios del penal de Burgos, publicado por asociaciones de exiliados españoles encabezadas por el periodista Agustín Roa, cuyas iniciativas influyeron en el inicio de AI. Además, en el artículo de 1961 que dio origen a la organización, Benenson citaba el caso del abogado Antonio Amat, en prisión sin juicio desde 1958, y el proceso a Tierno Galván.
Desde 1961, en informes de AI se habló de presos emblemáticos como Marcos Ana, Cristóbal Vega, la cuestión vasca, el encarcelamiento de Jordi Pujol, el proceso de Burgos (1970), las ejecuciones de Puig Antich y Heinz Chez (1974) o las últimas condenas a muerte de cinco miembros de ETA y FRAP (1975). El día siguiente a la muerte de Franco, AI mandó una carta al Rey urgiéndole para que amnistiase a los más de 4.000 presos políticos que había en las cárceles. También influyó en la abolición de la pena de muerte y los procesos a militares de la UMD o a Els Joglars. Sus oficinas en Madrid fueron objeto de atentados de extrema derecha. El tema de la violencia de ETA provocó a menudo la controversia respecto a la postura de AI, ya que hasta 1991 la organización, según sus estatutos, sólo podía actuar contra las violaciones de derechos humanos que cometían los gobiernos.
Derechos humanos en la España actual. Cada año, Amnistía elabora un documentado informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, país por país. En el último, respecto a España se informa que durante el 2010 persistieron las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por funcionarios de la ley, que no fueron investigadas correctamente. El informe destaca, entre otras cosas, que España se negó a abolir la detención en régimen de incomunicación, como recomiendan los organismos internacionales, que aumentaron los casos de violencia contra mujeres y niñas, que no se tomaron medidas para combatir la discriminación de ciudadanos extranjeros y apoyar la libertad de expresión y religión.
Las víctimas de Franco siguen sin obtener verdad, justicia y reparación. El informe constata la suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón por infringir la ley de Amnistía de 1977, al poner en marcha una investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo que incluían la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951. A su vez, el informe precisa que las leyes de amnistía y de prescripción de delitos son incompatibles con el derecho internacional cuando se trata de desaparición forzada, tortura o crímenes de lesa humanidad. El gobierno español ha hecho caso omiso a la petición de derogación de la ley de Amnistía efectuada en el 2008 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y en la reforma del Código Penal, de junio del 2010, no se introdujo una definición de delitos de derecho internacional como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
Nuevas herramientas contra la represión. Con motivo del cincuentenario, Salil Shetty, secretario general de AI, reflexiona sobre la importancia de las nuevas tecnologías, en el 2010, como arma de denuncia y comunicación: “Como movimiento dedicado a orientar la indignación mundial hacia la defensa de personas que sufren abusos, estamos comprometidos con el apoyo a la comunidad de activistas que imaginan un mundo donde la información sea realmente libre y donde puedan ejercer su derecho a disentir pacíficamente, fuera del control de las autoridades.”
Ha sido el año de Wikileaks, cuya actividad AI ya reconoció el año 2009 cuando publicó información sobre violaciones cometidas en Kenia. En julio del 2010, Wikileaks, inició la publicación de los documentos de Afganistán, que corroboraban muchas violaciones de derechos humanos denunciadas por periodistas y activistas y que los gobiernos de la Otan habían negado. Sin embargo, en seguida se puso de manifiesto el peligro de un uso indiscriminado de la nueva plataforma. Los talibanes anunciaron que iban a estudiar lo publicado para castigar a los responsables. Cundió la alarma entre las organizaciones humanitarias. Las nuevas tecnologías también tienen sus riesgos, reconoce Salil Shetty. Wikileaks tomó medidas para evitar que la publicación de documentos pudiera causar daño, un principio fundamental para AI.
Más tarde, la publicación de documentos sobre la guerra de Iraq permitió comprobar que mientras los gobiernos occidentales invocaban la seguridad nacional no tomaban medidas para investigar y encausar a los responsables de abusos. Además, se constató, que “al mismo tiempo que estos gobiernos rechazaban los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos sobre estas violaciones, estaban en posesión de documentos que corroboraban sin duda la exactitud de los informes”.
Otro elemento clave es el uso de móviles y redes sociales para convocar a la gente. “No hay que profundizar mucho para que salga a la luz la frustración de quienes viven bajo gobiernos represivos”, afirma Shetty. El ejemplo trágico del joven tunecino Mohammed Bouzizi, que se autoinmoló en un gesto de protesta, tuvo una impresionante repercusión en internet, provocó una reacción pública tal que logró derrocar el gobierno de Zine el Abidín Ben Alí.
Tras afirmar que la revolución no se hubiese producido sin el trabajo de décadas de defensores de los derechos humanos del interior, Shetty apunta que el apoyo de activistas de todo el mundo podría haberse visto reforzado al publicar Wikileaks, al mismo tiempo, documentos que probaban que los gobiernos occidentales conocían las torturas, la represión, la falta de oportunidades de la población y no hacían nada por impedirlo.
O que la Cruz Roja no tenía acceso a los centros de detención. La difusión de esta información alimentó la solidaridad internacional con los manifestantes de Túnez, y generó, a su vez, presión sobre los gobiernos occidentales. El caso más evidente es el de Francia, que en un principio se dispuso a ayudar a Ben Alí a controlar la protesta, pero que más tarde tuvo que cambiar de postura radicalmente por la indignación que generó esta decisión entre los franceses.
La revolución de los jazmines tunecina encendió la llama de las revueltas de la primavera árabe en Jordania, Yemen, Argelia, Bahréin, Siria, Libia y Egipto. Por su parte, los gobiernos de estos países se aplicaron en neutralizar y reprimir el uso de las nuevas tecnologías. Cabe mencionar el asesinato del joven Khaled Said en un cibercafé de Alejandría en junio del 2010, que suscitó tal protesta que fue un antecedente de las manifestaciones del 2011. En Irán y Egipto se restringió el acceso a internet. Y China creó la llamada gran muralla cortafuegos para censurar el debate en internet y reprimir la opinión libre.
La revolución tecnológica ha influido en la filosofía de la organización. “Amnistía –afirma Shetty–, que comenzó como organización dedicada a los derechos de los presos y presas de conciencia, entiende desde hace mucho que tan importante es poner de relieve las violaciones subyacentes que empujan a los activistas a escribir y a echarse a la calle, como garantizar que no se los detenga ni se los someta a abusos.
Aunque las redes sociales sean nuevas, son importantes porque constituyen una poderosa herramienta que puede facilitar la camaradería y el apoyo entre personas críticas en todo el mundo con parecidos gobiernos abusivos.”
El fenómeno ha influido no sólo a la hora de movilizar a la gente sino que ha contribuido notablemente a facilitar el trabajo de activistas en zonas difíciles como Siria. AI tiene vetado el acceso al país, pero recibe fotos, datos e informes gracias a las nuevas tecnologías, hasta el punto que médicos de Londres han podido elaborar informes sobre torturas basándose en fotos sacadas del país vía móvil y redes sociales. Según Shetty, “son tiempos asombrosos para AI y otros activistas de derechos humanos, que ven las posibilidades que ofrece la tecnología para revelar la verdad y mantener debates que pueden eludir la censura del Estado y conectarnos más allá de las fronteras”.
Xavier Montanyá.
Publicado en: Cultura-La Vanguardia
