Miercoles 28 de Septiembre del 2016
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El Reino Unido anuncia la creación de un organismo supervisor de los medios


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La impugnada prensa británica.
En la Gran Bretaña de David Cameron, con la excepción de la intocable City, no hay estamento o sector que se salve de la quema, por muy grande e importante que sea. Y eso va tanto para la BBC como para todos los otros medios de comunicación.

Desde luego que la misma observación puede hacerse de cualquier país miembro de la UE, pero la situación que atraviesa la prensa impresa en Gran Bretaña tras el escándalo de las escuchas ilegales que precipitó el cierre definitivo del centenario tabloide dominical News of the World, de Rupert Murdoch, hace que merezca ser tratada como un caso aparte.

La prensa británica ya había acumulado un largo y vergonzoso historial de prácticas dudosas e incluso, a veces, delictivas, cuando en julio del 2012 estalló la bomba. Se supo que News of the World pagó a un detective privado cantidades millonarias a cambio de pinchar el móvil de Milly Dowler, una adolescente secuestrada y asesinada en el 2002. Fue la gota que colmó el vaso, pues era evidente que se tendría que hacer algo, lo que fuera, para evitar que se repitiera semejante atrocidad.

Cayeron cabezas, singularmente la de Rebekah Brooks, mano derecha en sus tiempos de Murdoch; y este y su hijo James pidieron perdón y el planeta Tierra seguía dando vueltas como si nada. ¿Fin de la historia? No del todo: porque al juez lord Brian Leveson se le encomendó una investigación.

La primera parte del informe de Leveson -a él le costó 16 meses de trabajo y a los contribuyentes casi cuatro millones de libras- tiene 1.987 páginas. Entre los testigos que desfilaron ante el juez hubo de todo, empezando por famosos como Hugh Grant o JK Rowling, la autora de la serie de Harry Potter; pero sobre todo periodistas, policías y políticos.

El largo título del informe señala que reza sobre “la cultura, la práctica y la ética de la prensa” (se entiende que impresa) en el Reino Unido. Si la investigación no abarca los medios de comunicación en general, se debe, en parte, a que los organismos de radiodifusión y de telecomunicaciones están regulados por Ofcom, un organismo que ya está regulado por la ley pero cuyo director, una vez más, debe su silla a una decisión política.

En plena revolución cibernética, sólo poner el foco sobre la prensa escrita ha condenado el informe a ser un anacronismo incluso antes de que se publicara el año pasado. Aun así, es de gran interés, porque aborda, aunque de forma parcial, una cuestión clave: ¿quién vigila a los vigilantes?

A la que contesta Leveson que la respuesta en ningún caso debe ser nadie. Lo mismo se podría decir de los políticos, la policía, la banca, los mercados o las agencias de calificación.

Un periodo de desregulación engendró la escandalosa desigualdad actual. Por otro lado, la ONU acaba de aprobar el primer tratado internacional sobre el comercio de armas; el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también prepara una ley de control de armas; los pueblos de medio mundo, hartos de tanta corrupción e incompetencia, exigen más controles sobre sus gobernantes y los partidos políticos. El buen periodismo desempeña un papel fundamental en todo esto.

Pero volviendo a la prensa británica, a modo de botón de muestra de los casos -algunos realmente repugnantes- que ha investigado Leveson, baste este para hacerse una idea de la envergadura del problema. Entre 1997 y el 2003, 91 periodistas del Daily Mail y el Mail on Sunday contrataron al mismo detective para que este les consiguiera informaciones. ¡Noventa y uno!

Visto lo visto, resulta extraño que Leveson recomendara en la conclusión de su informe la creación de un organismo independiente supervisor de la prensa que garantice que los medios pueden autorregularse debidamente. ¿A quién le correspondería elegir a los miembros? La manifiesta ineficacia de la existente Comisión de Quejas de la Prensa debía haberle servido de advertencia.

Entre las muchas cosas que hay en juego en estos tiempos en los que la prensa navega como puede entre los escollos de la supervivencia y la desaparición, lo que le faltaba era reabrir el gran debate sobre los límites de la libertad de expresión y la censura ¡precisamente cuando cualquiera puede verter en el ciberespacio lo que bien le venga en gana!

Con todo, los tabloides británicos son como son, no se sabe si por elección de los lectores o bien por la de los magnates como Murdoch. Sean los unos o los otros, ha habido víctimas por el camino y alguien ha de velar para que no vuelva a ocurrir. Esto al menos es lo que pedía Leveson.

Finalmente, el 18 del mes pasado, el Gobierno de David Cameron anunció, con el apoyo de la oposición laborista de Ed Miliband, la creación de un organismo supervisor de los medios.

La reacción de estos no tardó en oírse: ¡el fin de 300 años de libertad de expresión! Sin embargo, los propios periódicos podrán adherirse libremente al organismo, y los que decidan no adscribirse serán expuestos a multas ejemplares de hasta un millón de libras (1,16 millones de euros). Si se tiene en cuenta las minutas de los detectives, tampoco es tanto. Como era de esperar, los magnates como Murdoch no están contentos, mientras que las miles de víctimas de las escuchas sí lo están.

Sin ánimo de menoscabar las prácticas delictivas de la prensa británica, cabe la duda de si no serán los políticos los que andan más necesitados de controles y multas.

Bien mirado, cada componente del trío que la lió -periodistas, policías y políticos- debería ser sometido a estrictos controles.

La cuestión sigue siendo, tal cómo ha señalado lord Leveson, ¿quién vigila a los vigilantes?

Wilkinson / John William
Fuente: La Vanguardia

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