Lunes 26 de Septiembre del 2016
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El Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población


La banca no somos todos.
Existe una percepción bastante generalizada en España que considera que “el banco somos todos”. El dinero de la banca es el dinero de todos. Tal dinero son los depósitos de la mayoría de la ciudadanía que tiene sus ahorros depositados en la banca. En otras palabras, se asume que el dinero que existe y/o se utiliza por el banco es el depositado por cada uno de los ciudadanos, resultado de su ahorro, de sus nóminas o de sus pensiones, sean éstas públicas o privadas.

Ésta percepción es promovida por los propios bancos que quieren transmitir el mensaje de que ellos desempeñan una función social, la de guardar el dinero de la ciudadanía, pagándoles unos intereses como incentivo, a la vez que ofrecen crédito a las personas y a las empresas que lo necesiten.

La existencia de tal crédito es la función social que justifica su existencia. De esta percepción se deriva el mensaje que la banca y el Banco de España transmiten a los medios y que está calando en la población: intervenir y penalizar a la banca es penalizarnos a todos nosotros.

Esta percepción, sin embargo, es profundamente errónea. En realidad, la mayoría de ciudadanos no tiene mucho dinero en la banca, ni directa ni indirectamente (como en pensiones). Sería muy interesante poder corroborar los hechos con los datos pero, no podemos hacerlo en España, donde la opacidad estadística, tanto en temas de distribución de la renta como de la propiedad, hacen difícil conseguirlos. Además, los existentes no son creíbles. Fíjese el lector que, según los últimos datos de la OCDE (que extrae sus datos de las cifras oficiales del Estado español), el nivel de renta de la decila superior de España es de 32.000 euros. Cualquier persona que va por las partes alta de las grandes ciudades puede ver que los súper ricos tienen muchos más ingresos que los que constan en sus declaraciones de renta. (Tal opacidad es incluso más acentuada en el sistema financiero, como bien ha mostrado el colapso de Bankia).

Estados Unidos, sin embargo, sí que tiene datos más fiables. Y es más que probable que la distribución de la renta y de la propiedad en España sea bastante semejante a la de EEUU (España, junto con EEUU, es uno de los países más desiguales de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo). Pues bien, la gran mayoría de estadounidenses tienen muy poca propiedad financiera. Ésta está muy concentrada. La decila superior de la población estadounidense posee el 90% de todos los bienes financieros, siendo los más comunes sus acciones bancarias y sus pensiones. En realidad los súper ricos, el 1% de la población, posee el 38% de estos bienes financieros. La mayoría de la población sólo posee su casa, aunque poseer, poseer, es un decir. El banco es el que la posee, y el que vive en ella le paga al banco la hipoteca.

Cuando estamos hablando de los bancos, por lo tanto, estamos hablando predominantemente del dinero de una minoría: de los ricos y de los súper ricos. De ahí que sería razonable decir que cuando hablamos de los bancos no estamos hablando del conjunto de la población sino de los sectores más adinerados y de los gestores de su dinero (los banqueros).

De ahí que también sería aconsejable que –tal como propone el que fue Secretary of Labor (Ministro de Trabajo) durante la Administración Clinton, y hoy Profesor de Políticas Públicas de la Universidad de California, el Sr. Robert Reich, se gravara a los banqueros, a los accionistas, y a los que tienen la mayoría de depósitos, haciéndoles pagar un 2% en sus bienes financieros, justificándose tal medida por los enormes beneficios que la banca ha alcanzado durante todos estos años de bonanza, beneficios conseguidos predominantemente de la especulación, incluida la especulación bancaria.

Ello conseguiría en EEUU 70.000 millones de dólares más para el Estado (haciéndoles pagar tal 2% a los que tuvieran más de 7.2 millones de bienes financieros).

No estaría de más que se implementara esta política aquí en España, donde la concentración de la propiedad es igualmente acentuada. Hoy, las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10% del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito. Por cierto, es difícil de entender que estos 100.000 millones de euros que se gastarán supuestamente en la reestructuración del sistema financiero (a unos intereses que pueden significarle a la banca, según el Comisario de la Unión Europea, el Sr. Joaquín Almunia, casi un 8%) consigan lo que no han conseguido los casi 500.000 millones de euros que los bancos españoles e italianos han recibido desde el pasado diciembre del BCE a unos intereses de sólo un 1%. Tal rescate no resolverá el problema de la banca española, pues no se está tocando el problema clave que provocó la crisis: la burbuja inmobiliaria.

Todavía hoy hay más de tres millones de pisos vacíos (3.417.064 viviendas, según el Ministerio de Fomento). Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca.

Cuando la burbuja explotó (debido al parón de transferencias del dinero de la banca alemana, contaminado por los “productos tóxicos” de la banca estadounidense), la banca española quedó estancada con sus propios productos tóxicos, las hipotecas, que no se podían pagar y continúan sin poder pagarse. Tales activos representan 150.000 millones de euros (equivalente al 15% del PIB). Y ahí está el problema, que requiere para su solución una intervención pública que el Estado español es reacio a tomar debido al enorme poder de la banca.

Debería haberse resuelto a base de llenar estas casas vacías con familias que pagaran alquileres o hipotecas asumibles, penalizando a los bancos que se resistieran a tales medidas (en Dinamarca se multa a la vivienda que esta vacía durante más de seis semanas). Y muchos bancos deberían haber sido nacionalizados, con anulación de la deuda privada en gran número de casos.

En lugar de ello, el Estado español ha escogido ayudar a los bancos a costa de los intereses de la población. Y de esto es de lo que no se habla. Las raíces de la crisis financiera -el excesivo poder de los ricos y de los súper ricos en España y de sus bancos- no se está ni siquiera tocando. Y así estamos.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University.

Publicado en: Público

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