Viernes 30 de Septiembre del 2016
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Israel y los derechos humanos


Sudáfrica, Israel y los derechos humanos.
Cuando asumí el puesto de embajador israelí en Suráfrica, en 1992, la historia estaba ya cambiando en favor de la democracia. Sin embargo, seguían en vigor numerosas leyes del apartheid, aunque ya no se aplicaban de forma estricta. Recuerdo, en especial, las leyes concebidas para incapacitar a la sociedad civil, destruir las organizaciones de la comunidad y sofocar los derechos humanos. Entre ellas estaban las que impedían la llegada de fondos a las organizaciones de derechos humanos. Recuerdo lo absurdo que me pareció todo eso en aquel momento.

Hoy, esos recuerdos han vuelto a agolparse. Las leyes que están a punto de aprobarse en la Knesset son increíblemente parecidas a las de la Suráfrica del apartheid.

El Comité Ministerial Legislativo ha aprobado unas enmiendas que pretende restringir los fondos de otros Estados destinados a grupos locales de derechos humanos. La puesta en práctica de esta ley congelaría la democracia en Israel y lo que queda de nuestra sociedad.

En Suráfrica, el proceso empezó con la Comisión Schlebusch de Investigación sobre Ciertas Organizaciones. La diputada israelí Kirshenbaum propuso hace poco un comité similar para “investigar las finanzas y la legitimidad de las organizaciones israelíes de derechos humanos”. Ese suele ser el comienzo. Lo siguiente que hizo el Parlamento surafricano fue aprobar la Ley de Organizaciones Afectadas, cuyo fin era “impedir la injerencia de países extranjeros en el escenario político interno” y “la ayuda económica extranjera para promover cualquier opinión concreta”. El objetivo era cualquier grupo que se considerase una “organización afectada”. Las enmiendas israelíes utilizan un lenguaje idéntico, al hablar de “asociaciones restringidas”.

La ley surafricana, al menos, ofrecía ciertas garantías procesales, porque no se podía calificar a un grupo de “organización afectada” mientras no lo declarase el presidente del Estado, después de una investigación por un tribunal de tres magistrados. La ley propuesta en Israel no prevé ninguna garantía procesal equivalente. Se limita a declarar que “una asociación restringida no recibirá donaciones de una entidad estatal extranjera”. Eso incluye cualquier grupo que se niegue a cumplir cualquier parte del servicio militar o promueva cualquier tipo de boicot.

El peligro de intentar aislar un país del resto del mundo es algo que entendía muy bien la única voz de la conciencia en el Parlamento surafricano, una mujer judía y amiga personal, Helen Suzman, que dijo: “Suráfrica está cayendo bajo el control de un grupo cada vez más amplio de hombres secretos, que llevan a cabo investigaciones e informes secretos”. Pero un parlamentario nacionalista alegó que la ley era necesaria para bloquear el dinero destinado a estudiantes que “se alinean con los negros”. La táctica del miedo funcionó y el proyecto fue aprobado.

Igual que en Israel, la ley surafricana no estaba dirigida a grupos involucrados en actividades violentas o ilegales. Sus objetivos eran las voces de la conciencia incansables que se habían convertido en un problema para el régimen. El ministro de Justicia incluyó entre las organizaciones afectadas a la Unión Nacional de Estudiantes Surafricanos, representantes oficiales de todos los universitarios. “Lo que se ataca”, declararon los estudiantes, “es el derecho de los jóvenes a definir lo que está mal en la sociedad y emprender programas creativos para contrarrestar sus problemas y abrir la puerta a la posibilidad de un futuro positivo”.

En su defensa de la Ley de Recaudación de Fondos de 1978, el ministro de Justicia, Jimmy Kruger, dijo que “la ley se utilizará para tomar medidas contra las actividades de recogida de fondos dirigidas a debilitar la autoridad o amenazar la seguridad del Estado”, y dijo que su Gobierno sabía que llegaba a Suráfrica mucho dinero extranjero “destinado a garantizar nuestra destrucción”.

Nuestros políticos israelíes justifican sus actos con idénticos temores. El fundamento de la Ley Kirshenbaum-Akunis es que “unas organizaciones que suelen calificarse a sí mismas de organizaciones de derechos humanos”, en realidad, tienen “el único propósito de hacer daño y alterar el discurso político de Israel desde dentro”. Sin embargo, la verdad es que las organizaciones que se verán más afectadas son las que luchan para preservar lo que queda de la democracia israelí y la interpretación progresista de la declaración de independencia.

Mi experiencia en Suráfrica me enseñó que esas leyes acaban por fracasar. Fracasan porque un país democrático no puede aislarse del mundo sin destruirse a sí mismo.

La ley pretende proteger la imagen pública de Israel, pero lo que consigue es que la imagen pública de Israel quede dañada. La aplicación de una ley así resta legitimidad a Israel y pone más de relieve la importancia de esas organizaciones.

Esta ley fracasará porque matar al mensajero no sirve de nada. El mundo conoce la ocupación. Las oleadas de crítica e indignación por ese crimen pasarán por encima de cualquier barrera que pretendamos erigir.

Es necesario que Europa y el resto de la comunidad internacional dejen claro a Israel que el mundo no va a dejar de ayudar a los israelíes que luchan para encontrar una solución basada en los derechos humanos y la justicia.

Alon Liel.
Ex embajador israelí en Suráfrica entre 1992 y 1994 y director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
Publicado en: El País

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