Martes 27 de Septiembre del 2016
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La causa de los indignados


Indignados con causa.
Opinión de Juan-José López Burniol
Las relaciones entre el Estado y el sistema capitalista han pasado por tres etapas. En la primera, el Estado –laissez faire, laissez passer– se limitaba a preservar un espacio de libertad y seguridad. En la segunda, el Estado devino intervencionista, para limitar los abusos que la situación anterior propiciaba, mediante la creación del Estado de bienestar. Y en la tercera, ante lo que se juzgó un exceso intervencionista, el sistema capitalista ha optado por suplantar al Estado y ocupar su lugar, mediante un doble proceso de liberalización y desregulación.

El banquero Sigmund Warburg lo explicó así: “La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre la democracia y la autocracia, que ganó la burocracia”.

En esta fase nos hallamos hoy: el Estado está sometido –como sistema jurídico– a un proceso de desguace por una doble vía de privatizaciones y desregulaciones. Este proceso exige –como todos– una justificación que viene dada por una corriente de pensamiento atisbada por Hannah Arendt, hace años, en La condición humana. Arendt anticipó lo que hoy sucede: el predominio de la mentalidad privado-profesional en la vida de la mayor parte de las gentes, que dejan el espacio público en manos de los políticos profesionales, a los que se limitan a votar periódicamente sin inmiscuirse luego en su gestión. Se consolida así un totalitarismo permisivo que concede al ciudadano una amplia gama de gratificaciones sensibles, con el fin de que se abstenga de intervenir en los procesos públicos, que son gestionados por expertos procedentes de los grupos de presión surgidos en torno a los poderes financieros. Si añadimos que el sistema de partidos ha mutado en una partitocracia burocratizada, integrada por políticos de hoja perenne, el resultado está servido: una obturación del sistema político, manifestada en una falta grande de receptividad a las demandas de los ciudadanos que no están instalados. Así las cosas, ¿a quién puede extrañar que comiencen a ceder las costuras del sistema, cuando la economía decae y disminuyen las gratificaciones sensibles con las que neutralizar a los ciudadanos?

En este marco se inscribe la reacción de los indignados, expresada en sus acampadas, que supone antes que nada un rechazo frontal al sistema. Por eso son absurdas las descalificaciones de este movimiento, con el pretexto de la falta de rigor e inviabilidad de sus propuestas. Lo que importa no es lo que piden, sino lo que rechazan: un sistema político obturado en su representatividad profunda y que es rehén, hoy más que nunca, del poder económico acumulado por las instituciones financieras. De ahí que las acampadas deban ser percibidas como un síntoma claro de una enfermedad grave. En resumen: la obturación del sistema político hace que se desborden los cauces de participación establecidos y se pase a la desobediencia civil.
En su conferencia Sobre la desobediencia civil –1970: guerra de Vietnam–, Hannah Arendt sostuvo que la infracción de la ley no puede justificarse por medio de la propia ley. No obstante, se esforzó por salir de esta contradicción. Éste es su pensamiento:
1. La desobediencia civil surge cuando un grupo significativo de ciudadanos se convence de que los canales para conseguir cambios están obturados.
2. No puede equipararse la desobediencia civil con la criminal, porque hay una gran diferencia entre el criminal que se oculta y el desobediente que desafía la ley a la luz del día. Además, a diferencia del revolucionario, el desobediente civil acepta la autoridad existente y la legalidad general.
3. Las sociedades modernas están sujetas a un acelerado proceso de cambio, que el derecho legaliza una vez producido, pero que suele ser resultado de acciones extrajurídicas. Ante este cambio, los canales de participación política de los ciudadanos son muchas veces insuficientes.
4. Por esta razón, a la desobediencia civil le corresponde una relevancia creciente en las democracias modernas: constituye una manifestación extrema del derecho del pueblo a asociarse para reclamar al gobierno o para protestar por sus decisiones.
5. El derecho a asociarse para disentir tiene su fundamento en el hecho de que la obligación moral de cumplir la ley nace del consenso originario fundacional del Estado, que limita el poder de los ciudadanos y fundamenta el poder del Gobierno, pero que no enerva el derecho de aquellos a participar en las tareas públicas.
6. Este consenso originario implica el derecho a disentir, de lo que resulta que la asociación para manifestarse –o para acampar– puede llegar a ser el único medio de acción.

Hasta aquí el discurso de Hannah Arendt, que –es cierto– difícilmente puede ser asumido por un juez a la hora de juzgar, pero sí debe ser tenido en cuenta por los políticos al reaccionar frente a los actos de desobediencia. Las soluciones de fuerza atajan los síntomas, pero no curan el mal. Y la enfermedad existe. Para darse cuenta de ello basta con hacerse esta pregunta: de verdad, de verdad de la buena, ¿quién manda?

Juan-José López Burnio
Publicado en: La Vanguardia

En Positivo no se identifica necesariamente con las opiniones publicadas que reflejan el pensamiento del columnista excepto, cuando los editoriales o artículos son firmados por la propia redacción.

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