Domingo 25 de Septiembre del 2016
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Fueron víctimas o testigos de una injusticia, pero ganaron


Héroes anónimos.
Fueron víctimas o testigos de una injusticia. Pudieron callarse, pero decidieron pelear contra el abuso. Invirtieron mucha energía. Y ganaron. Estas son siete historias inspiradoras de lucha ciudadana: sobre el ruido, el canon digital, los abusos de curas a menores… Gente corriente que dio la cara en los tribunales o en la calle. Cuando la razón les fue devuelta, al cabo de los años, la victoria no fue solo suya, sino de todos.

Fue una boda reducida, con unos 80 comensales. Un matrimonio civil y discreto entre un alemán y una española afincados en Almería. La alerta llegó un año después. “Ten cuidado”, le anunció a ella una compañera de trabajo, “se rumorea que algo va a pasar”. Primer aviso de que su vida privada no era moralmente satisfactoria a juicio de sus empleadores. No hubo más. Poco después se encontraba en un despacho de la Delegación Episcopal de Enseñanza, con un miembro de la curia, discutiendo los pormenores de su estatus civil y el problema que suponía para seguir ejerciendo de profesora de religión en un colegio público. “Si os hubierais quedado cada uno en vuestra casa…”, le dijo aquel hombre. Pero un matrimonio civil con un divorciado resultaba intolerable a ojos de quien estaba en disposición de renovar los contratos de los docentes: el obispado. Resurrección Galera, que entonces tenía 36 años, salió de aquella reunión preguntándose qué había ocurrido. Pero sin ningún sentimiento de culpa. Al revés: con la sensación de que una enorme injusticia comenzaba a apartarla de la profesión que amaba. “No había hecho nada malo. Solo quise formar una familia”.

Su marido, Johannes Romes, la vio entrar en casa aquella tarde “con las piernas temblorosas”. En cuestión de minutos, este exjefe de prensa del Bundestag alemán desempolvó sus herramientas de periodista, poniendo a funcionar toda la maquinaria de la opinión pública con precisión germana. El caso apareció en los diarios, la televisión y la radio. Pero a pesar de la presión, o quizá enardecido por ella, en agosto de 2001, el obispado de Almería excluyó definitivamente a Galera de sus listas de profesores. Con la injusticia atragantada, la pareja decidió comenzar otra batalla, más larga y exasperante: los tribunales. Resurrección y Johannes se lanzaron a un vacío jurídico como quien se lanza contra los molinos, con la ayuda de un abogado de Comisiones Obreras veterano en asuntos laborales, Francisco Escobar. No existían precedentes ni jurisprudencia. Pero sí albergaban la convicción de que reclamaban algo que les correspondía. Y que la razón, en algún momento, les sería devuelta.

Las personas que recorren estas páginas sintieron algo similar en algún momento de su vida. Un desequilibrio, un grito interior, una pieza que no encajaba. Plantaron cara a un desafuero. En los tribunales o en la calle. De forma individual o través de asociaciones y plataformas. Sacaron horas y ganas de donde ya no quedaba nada. Y al cabo del tiempo ganaron. Algunas, de forma rotunda; otras, con algún frente aún abierto. Ninguno de estos siete casos sucedió de la noche a la mañana. Detrás hubo tesón. Perseverancia. Años de lucha. Quizá un golpe de suerte. Algo de ayuda externa. Apoyo de la familia, de amigos o desconocidos que se fueron uniendo a su causa. Pero siempre sintieron la justicia de su lado, o que iban en busca de ella, y eso, cuentan, las mantenía firmes en su objetivo. Todas tienen en común un espíritu enérgico. Y un ademán meticuloso. O esa era la sensación que transmitían, algunas con cientos de recortes de prensa archivados, citaciones judiciales, sentencias subrayadas, pilas de faxes y correos. Son héroes. Héroes civiles. A pesar de que ninguno de ellos se vanagloriaría de ello. Jamás se les ocurriría definirse de este modo.

Al contrario. Carlos Sánchez Mato, un ciudadano del barrio de Aluche (Madrid) que también se enfrentó a la Iglesia cuando denunció en 2002 un caso de abusos sexuales a menores en su parroquia, dice: “Es triste que algo que se supone normal se denomine heroicidad. En este sentido, la sociedad está enferma”. Sánchez Mato fundó además, junto a otros compañeros del barrio, la Asociación Iglesia sin Abusos, la única en este país que ha metido las manos en la ciénaga de la pederastia en la Iglesia católica. La parroquia de la que fue miembro desde la infancia se le cerró en banda. Recibió amenazas. Mucha gente le retiró la palabra a él y a su familia. Pero aquel párroco fue condenado a dos años, y al arzobispado de Madrid se le impuso una sanción de 30.000 euros. Y hasta su asociación ha ido llegando desde entonces la denuncia silenciosa de unas 70 personas, cuenta Sánchez Mato. Ninguna ha acudido a los tribunales. Esa es quizá la única cuenta pendiente.

“Te tienes que mojar. Y entrar en la pelea judicial. Por las buenas no lo vas a resolver”. Habla Pilar Moreno Gómez, licenciada en Físicas, de 62 años, profesora jubilada. “Cabezona”, dice, y con el pelo cano y breve sobre esa cabeza dura. Su caso, una “novela por entregas” que duró ocho años, llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Moreno Gómez vs. Reino de España) tras superar sin éxito tres instancias en este país. Hoy se estudia en las facultades de Derecho. Un asunto tan tristemente común como el ruido nocturno en una ciudad española (Valencia) provocado por los bares y la juerga acabó con una sentencia a su favor cuya argumentación rompió los moldes en su momento. “Estamos hablando de la época del bakalao”, explica Moreno Gómez, para mostrar la hondura del abismo.

El TEDH estimó que existía un nexo causal entre el ruido ocasionado por la acción u omisión de los poderes públicos (el Ayuntamiento de Valencia, que concedía las licencias a los locales) y el perjuicio ocasionado (las noches de insomnio). Pero la verdadera revolución llegó con la ampliación de un concepto jurídico indeterminado: el derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido en la Constitución Española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dijo el TEDH: “Las vulneraciones del derecho de respeto al domicilio no son solamente las de índole material o corporal […], sino también las agresiones inmateriales e incorpóreas”. Le concedieron 4.500 euros a Moreno Gómez por los perjuicios morales y una doble ventana que se hizo colocar. La gran victoria fue otra: la suya es hoy una de las sentencias más citadas de Europa. Su “cabezonería” a lo largo de los años abrió un nuevo camino.

Pero hay que ir a buscarlo. La fortuna sonríe a los audaces. A quienes no desisten. Antonio Meño y Juana Ortega, matrimonio, de 67 y 65 años, respectivamente, la encontraron 21 años después, acampados en la calle frente al Ministerio de Justicia, en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid. Durmieron allí durante 18 meses, junto a su hijo Antonio, con sus músculos agarrotados y como hechos un nudo y la mirada perdida en algún punto inconcreto, lejos de esta realidad. A Meño lo sedaron el 3 de julio de 1989 en un quirófano, algo se torció durante la operación de estética, y la falta de oxígeno lo dejó como un vegetal, sumido en una especie de sueño con los ojos abiertos. Sus padres litigaron durante dos décadas, por vía penal y civil, intentando probar una negligencia médica. Nadie parecía querer desempolvar qué sucedió realmente en aquel quirófano. Un vómito aspirado por el paciente, mala suerte, esto fue lo que se dijo. Solo ganaron el primero de los juicios. Perdieron los sucesivos recursos, incapaces de demostrar lo ocurrido. Fueron acumulando costas judiciales hasta sumar una cifra astronómica que ronda los 400.000 euros. En junio de 2009, con el agua al cuello, decidieron colocar una tienda de campaña en el centro de Madrid. Repartían octavillas. Explicaban su caso a quien se dejara caer por allí. A principios de 2010, un hombre que se interesó por su historia le comentó a Juana: “¿Sabía usted que su hijo nunca tuvo un vómito?”. Se llevó una de las octavillas y a la semana el guion trazó un giro inesperado.

Aquel señor enigmático resultó ser la pieza clave. Un nuevo testigo con una visión clara y divergente de lo sucedido en el quirófano. La aparición casual del cirujano Ignacio Frade, presente en la operación, según su testimonio, logró que el Tribunal Supremo reabriera el caso y sentenciase que existió “un fraude procesal gestado […] entre los profesionales intervinientes en la rinoplastia estética […] con el fin de impedir a los perjudicados aproximarse remotamente […] a la realidad de lo ocurrido”. El Supremo anuló los juicios anteriores y ordenó que el caso volviera a juzgarse. Al parecer, el doctor Frade, que nunca ha querido hacer declaraciones a la prensa, creyó desde el principio que la familia había ganado el caso (como sucedió en primera instancia). Luego se olvidó del asunto, hasta que 21 años después se lo encontró de bruces en la calle. Quizá él sea el verdadero héroe de esta narración. A la espera de que se celebre el nuevo juicio, Juana, sentada en la penumbra de un piso con grietas y telarañas, dice: “Me quedaría satisfecha con que la persona responsable estuviera día y noche cuidando de gente como mi hijo. Limpiándole el culo”. El abogado que defendió a la familia Meño durante años, Luis Bertelli, dice sobre ella: “Al defender su caso, como Sócrates, Juana estaba defendiendo al mundo. Jamás ha de conformarse uno cuando lo apartan de la razón. Quien abandona la lucha por el derecho, lo hace a costa de su honor”.

En el antiguo barrio pescador de El Cabanyal, en Valencia, llevan 12 años de lucha, y aún les queda. “Somos la aldea gala resistiendo contra el Imperio Romano”, dice David Fariza, de 27 años, habitante de este lugar por el que apenas ha pasado el tiempo, con fachadas de cerámica y puertas enrejadas, y la luz anaranjada del Mediterráneo colándose entre las callejas y las galerías, y para el que el Ayuntamiento de la ciudad tenía un plan que una plataforma de vecinos logró tumbar antes de que se llevara un buen tajo de casas históricas por delante. Aquí, en una reunión vecinal celebrada todos los miércoles desde hace 12 años, elaboraron otro plan, el de la resistencia contra el “manual de especulación urbana” que quiso abrir una gran avenida hasta el mar, con pisos residenciales, más modernos (y que dejaran mayores plusvalías). Hubo pelea en los tribunales, manifestaciones, concentraciones, infinidad de sesiones informativas. Los vecinos, o una parte de ellos porque hay otros a favor del plan, lograron que la justicia se pronunciara, obligando al Ministerio de Cultura a tomar cartas en el asunto. Y este declaró en 2010 que el barrio es un bien de interés cultural, intocable. Cualquier derribo supondrá un “expolio” en el patrimonio. La plataforma Salvem El Cabanyal ganó el primer asalto. Pero denuncia que el “manual de especulación” liderado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), también se ha perfeccionado en el último año. La victoria aún les sabe amarga. Pero ahí siguen los galos.

Esa lucha del pequeño contra el grande la llevó a su máxima expresión una tienda de informática llamada Padawan, como los aprendices de caballero Jedi de Star wars, que se rebeló contra el Goliat de las entidades de gestión de derechos de autor. La batalla contra el canon digital comenzó una mañana de 2004, cuando llegó a esta tienda una carta solicitando a sus dueños que tuvieran “a bien” abrir sus puertas a una auditoría. Firmada por la SGAE, se trataba de una inspección para reclamarles la “compensación de copia privada”, una fórmula legal de recaudación de derechos de autor heredada de la época analógica y recién trasladada al mundo digital. Disquetes, CD, DVD y cualquier dispositivo de almacenamiento de datos estaban (y siguen estando) gravados con un canon. Y mediante un acuerdo privado, que más tarde ratificó el Ministerio de Cultura, cualquiera que vendiera estos productos habría de “compensar” después a las entidades de gestión de derechos.

Ana María Méndez, de 40 años, cuenta que en ese momento creyó que hacía lo correcto mostrando facturas y albaranes a los auditores. A los dos meses de la inspección le llegó otra carta en la que se le solicitaba el pago de 48.088 euros en “materia de remuneración compensatoria por copia privada”. Uno puede imaginarse la cara de pánico de esta mujer menuda y risueña. No pagó. Al cabo de unos meses le llamó una persona de la SGAE ofreciéndole una rebaja de hasta 32.000 euros. “Qué raros estos regateos…”, pensó. Por aquel entonces, muchas tiendas como la suya habían comenzado a pagar, con rebaja y sin ella, para quitarse el problema de encima. Ana María y su familia decidieron dilatar el pago. La SGAE los demandó.

La suerte, dice Méndez, fue que dio con cierto abogado, “un loco”: Josep Jover, un estratega curtido en varios frentes, desde la negociación en secuestros hasta la docencia universitaria. Este loco diseñó una campaña al milímetro. “Primero teníamos que ganar la calle, después los juzgados y finalmente el BOE”, cuenta. Su orquestación se ha ido cumpliendo paso a paso. Convirtió la lucha de Padawan en otra mayor, de interés social. El debate estaba en la calle y en los corrillos parlamentarios. En palabras de Jover, “teníamos que hacer comprender una cultura diferente”. La ley protege a los autores, de acuerdo. Pero ¿qué ocurre si uno emplea un disco duro o un DVD para almacenar archivos propios? ¿Ha de pagar a algún autor por ello? Ana María Méndez solicitó a sus compradores que le enviasen cartas explicando el uso que habían dado a los artículos. Y eso lo cambió todo.

Perdieron en el juzgado. Pero el recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona obligó a los jueces a plantear una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su decisión fue tajante: “La aplicación indiscriminada del canon por copia privada […] no resulta conforme con la Directiva 2001/29″. Con nueva luz desde Europa, la Audiencia falló a favor de Padawan hace dos meses. La calle estaba ganada. Ahora llegaban los tribunales. Lo contaba Méndez poco antes de conocer el fallo: “Si gano, va a ser una gozada. ¡Detrás de mí van a ir todos!”. Así ha ido sucediendo. Y al final pareció abrirse la rendija del BOE. Tras el tirón de orejas de Europa, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró: “Buscaremos alternativas al canon digital”.

Una lucha individual transformada en una batalla colectiva, ese es quizá el mayor logro de alguno de estos héroes; su causa inspiradora y profunda, cuyos efectos les sobrepasan. “Yo iba buscando la solución a un problema personal… Y todo aquello de pronto se convirtió en algo público”, dice Emilio Silva, un periodista que quiso escribir una novela sobre su abuelo republicano asesinado en la guerra civil española, y acabó liderando la pelea por la exhumación e identificación de los “desaparecidos” en la contienda. Dice que empezó contactando con gente que conoció a su abuelo, ancianos de Pereje, en El Bierzo (León), para que le contaran anécdotas. Un día, alguien le dijo: “Hombre, yo más o menos sé dónde está la fosa de tu abuelo”. Y otro, poco después, señalando un punto en la tierra: “Debajo de aquel nogal”. La cuestión era qué hacer con aquella información. Silva publicó un artículo en la Crónica de León y al día siguiente le llamó el arqueólogo Julio Vidal, este a su vez contactó con el antropólogo forense Paco Etxeberría… Y así se fue formando el grupo que llevó a cabo la primera exhumación con protocolo científico de las víctimas de la guerra, en octubre de 2000. Debajo de aquel nogal se encontraba Emilio Silva Faba, junto a otros 12 ejecutados. Al nieto y el resto les comenzaron a llamar más gente, hijos, hermanos, viudas. De pronto había más información de la que se pensaba. Comenzaron a elaborar fichas de desaparecidos (las estanterías de la casa de Emilio Silva están repletas de ellas). Organizaron un campo internacional de trabajo para seguir excavando e identificando restos. Crearon la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que preside Silva. Nacieron nuevas iniciativas en otros rincones de España. Desde aquel octubre de 2000 se ha desenterrado a cerca de 5.300 ejecutados. Entre medias se aprobó la Ley de Memoria Histórica (2007). Se montó un lío judicial sin precedentes cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar aquellos asesinatos. Y hace tres semanas, el Ministerio de Justicia publicó el primer mapa oficial con las 2.300 fosas conocidas. “Alguien que ha soñado con un mundo más justo tiene en esta causa la posibilidad de conseguirlo”, dice Silva.

Suena el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz con acento germano: “Voy a leerte una sentencia con fecha de 3 de mayo. Dice: ‘Debo declarar y declaro la nulidad del despido […] y condeno al Ministerio de Educación a readmitir inmediatamente a la demandante en su puesto de trabajo […] con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido”. Ha pasado casi una década. Johannes Romes habla con calma de “intentar disfrutar” a partir de ahora. “Resu”, añade, “aún no ha salido de este bache”. Pero hace apenas un mes, el Tribunal Constitucional resolvió a favor de la profesora de religión Resurrección Galera, en una de esas sentencias cuyo valor no estriba solo en el caso concreto, sino que sus efectos se extienden como una marea, marcando una nueva doctrina de la que se podrán beneficiar otros después. El despido de Galera no podía fundamentarse en valoraciones morales sobre su vida íntima y familiar. Ni en los acuerdos de España con la Santa Sede. Ni en el derecho canónico. Por encima se encuentran los derechos fundamentales. Nadie puede esquivarlos. Lo explica su abogado, Francisco Escobar: “Ninguna decisión, provenga de quien provenga, puede quedar sin control alguno. No existe ningún derecho omnímodo. Esa es la gran victoria colectiva de la sentencia”. Las actuaciones volvieron al primer juzgado que conoció el caso. La razón les fue devuelta. Y otros, gracias a ellos, podrán encontrarla después.

Guillermo Abril
Publicado en: El País Semanal

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