Miercoles 21 de Febrero del 2018
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Los dueños de la democracia


Ciudadanos, buy cialis jueces y democracia.
Opinión de Francesc de Carreras

Los jueces y tribunales, buy mientras cumplan con su función, malady adoptan resoluciones plenamente democráticas, ya que en estas condiciones la justicia emana del pueblo, de los ciudadanos.En su artículo del lunes pasado en este periódico, el escritor Suso de Toro formulaba la siguiente pregunta: “¿Quién es al final el dueño de la democracia, la ciudadanía o los jueces miembros de un tribunal?”. Tras este planteamiento inicial, el artículo discurría por otros derroteros y la cuestión quedaba sin resolver. Seguro, sin embargo, que a muchos ciudadanos les inquieta esta pregunta, especialmente durante estos días en que tanto se habla del asunto Garzón y de la sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Intentaremos responder, por tanto, al interrogante que dejaba abierto Suso de Toro.

Vayamos al grano. La democracia es aquel sistema de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo y sólo en el pueblo. Así pues, tanto al final como al principio, el “dueño de la democracia” en nuestro país es el ciudadano, son los ciudadanos que en su conjunto constituyen el pueblo español. La Constitución no ofrece ningún resquicio a la duda cuando afirma en el artículo 1.2 que la soberanía reside en el pueblo, y añade: “del que emanan los poderes del Estado”.

Uno de estos poderes –junto a los poderes legislativos y ejecutivos– es el poder judicial, es decir, el poder que tienen jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, el poder de estos jueces y magistrados emana del pueblo y ello se reafirma en el artículo 117.1: “La justicia emana del pueblo y se administra (…) por jueces y magistrados integrantes del poder judicial (…) sometidos únicamente al imperio de la ley”. En consecuencia, jueces y magistrados administran la justicia –hacen justicia– sometidos únicamente al imperio de la ley. En esta coletilla final, en este sometimiento del poder judicial a la ley, está la clave para entender que los jueces son órganos plenamente democráticos.

Advirtamos que el término “sometimiento a la ley” debe interpretarse como sometimiento al ordenamiento jurídico, es decir, al conjunto de normas de distinto rango –Constitución, leyes y reglamentos– ordenadas mediante los principios del Estado de derecho. El juez, pues, ejerce sus funciones jurisdiccionales sometido al ordenamiento, lo cual significa que sólo puede realizar actos en aplicación de las normas de este ordenamiento. En ello consiste, precisamente, la independencia judicial, base de la justicia democrática. Veamos.

Las funciones del juez se limitan, como es sabido, a resolver controversias entre dos o más partes de acuerdo con el derecho vigente y a través de un proceso prefijado en las leyes. En este proceso, así como, sobre todo, en la sentencia que le pone fin, el juez es independiente de todos los demás órganos del Estado, sean legislativos, ejecutivos e, incluso, judiciales, es decir, también es independiente de los demás jueces y tribunales. Pero a esta independencia de los demás órganos se le debe añadir que, paradójicamente, es absolutamente dependiente de las leyes, del ordenamiento jurídico. Así pues, la independencia judicial significa absoluta independencia orgánica pero también absoluta dependencia funcional, absoluta dependencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: este es el significado de la coletilla final del citado artículo de la Constitución cuando dice que los jueces están sometidos “únicamente” al imperio de la ley.

¿Por qué la independencia judicial es algo aparentemente tan contradictorio en sus propios términos gramaticales que acaba convirtiéndose en absoluta dependencia de las leyes? Precisamente porque estamos hablando de jueces democráticos, de jueces que actúan dentro de un Estado democrático de derecho. Una característica esencial de este tipo de Estado es que las personas están sometidas a las leyes, no a las otras personas y, además, no a unas leyes cualesquiera, sino a normas democráticas aprobadas por órganos representativos que garantizan la libertad y la igualdad de estas personas, las cuales, en virtud de todo ello, pasan a ser ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos están sometidos a la ley, a la ley democrática, a la ley que expresa la voluntad popular, no a la voluntad de un juez, de una persona.

Es por todo ello que el juez, al dictar una sentencia, no expresa sus convicciones, intereses o preferencias, sino, simplemente, aplica aquello que dice la ley aunque esté en desacuerdo con ella. Ciertamente, la valoración de los hechos objeto de la controversia, así como la interpretación de la ley de acuerdo con las reglas de la argumentación jurídica, no es en ciertos casos clara y evidente, sino que ofrece variables que pueden dar lugar a resoluciones distintas. Por esta razón, las sentencias deben ser motivadas mediante argumentos jurídicos y, en su caso, son revisables por los tribunales superiores que pueden discrepar tanto de la motivación como del fallo. En todo caso, la legitimidad democrática de los jueces y magistrados está basada en que deben limitarse a aplicar leyes, es decir, normas democráticas. Y se deslegitiman sólo en el supuesto de que no cumplan con este fundamental requisito de su función. Por ello los procesos judiciales son públicos y las sentencias son motivadas: así se hace posible el control de las actuaciones judiciales que se apartan del derecho.

Por tanto, amigo Toro, los jueces y tribunales, mientras cumplan con su función, adoptan resoluciones plenamente democráticas, ya que en estas condiciones la justicia emana del pueblo, de los ciudadanos. Efectivamente, los dueños de la democracia.

Fraancesc de Carreras
Publicado en: La Vanguardia

En Positivo no se identifica necesariamente con las opiniones publicadas que reflejan el pensamiento del columnista excepto, cuando los editoriales o artículos son firmados por la propia redacción.

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